La retirada del tabaco mengua más la libreta de racionamiento

Los mayores de 55 años están que trinan en Cuba porque desde el 1 de septiembre los cigarrillos han quedado fuera de la cada vez más menguada oferta subvencionada por la libreta de racionamiento. Los fumadores porque para seguir con el vicio tienen que pagar 7 pesos cubanos por cajetilla de tabaco negro y 7,60 por el de rubios, unos 25 centavos de euros al cambio. Los no fumadores porque ya no pueden disponer de las cuatro cajetillas -tres de negro y una de suave- que vendían para aumentar en un euro el salario o la jubilación.

Una breve nota informativa publicada en el diario 'Granma' el 25 de agosto explicaba que la decisión era «parte de las medidas que de forma gradual se vienen aplicando para limitar los subsidios en que incurre el Estado». Aclaraba que el tabaco ya solo lo recibía«una parte de la población cubana y no es un artículo de primera necesidad».

Cuando el periodo especial obligó a apretarse el cinturón en la década de los noventa, se limitaron a los mayores los cigarrillos que desde la creación de la libreta de abastecimiento racionado se daban a todos los isleños. Esta nueva crisis ha traído más restricciones, aunque el Gobierno insiste en que nadie quedará abandonado. El salario medio en el país caribeño es de 429 pesos cubanos (unos 17 euros) y la pensión de jubilación mínima de 200 (8), aunque el agua, el teléfono, y la luz están subsidiados, y la salud y la educación son gratuitas. De todas formas, en las 'bodegas' donde se expenden los productos racionados como el arroz, aceite o café, las críticas se han disparado por la nueva medida. «Ahora nos quitarán el café, luego el arroz. Pues mejor que lo quiten todo de una vez», se quejaba Nora, una delgada anciana.

En noviembre del año pasado se retiraron las patatas y los chícharos de la cartilla y también el extra de arroz otorgado tras los ciclones de 2008. Para compensar un poco el malestar, aunque sobre todo para fomentar la iniciativa privada, el Gobierno emitió un decreto que permite, previo pago de impuestos y seguridad social, vender directamente en quioscos la producción agrícola de pequeñas parcelas.