Los políticos y cargos de las administraciones tendrán tres años para abandonar las cajas

Existe un límite de tres años para que los cargos políticos electos y representantes de las administraciones públicas abandonen los órganos de gobierno de las cajas de ahorro, según explicó ayer la vicepresidenta segunda y responsable de Economía, Elena Salgado. La novedad está recogida en un real decreto-ley que modifica el régimen jurídico de esas entidades financieras, aprobado ayer por el Consejo de Ministros y anunciado el pasado jueves por el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Otro de los cambios consiste en que recae en los parlamentos autonómicos decidir por mayoría quiénes han de representar a las comunidades. Hasta ahora esta potestad correspondía a los gobiernos territoriales. En cualquier caso, nunca podrá superar en su conjunto el 40% del total de los derechos de voto frente al 50% vigente hasta ahora.

El real decreto conlleva el cambio más trascendental que han experimentado las cajas en sus casi dos siglos de existencia y surge tras la reestructuración del sector que ha reducido el número de entidades de ahorro de 45 a 19. Para el Gobierno existían dos lagunas que era imprescindible resolver con urgencia. Por un lado, era preciso rebajar el peso político existente en el seno de las cajas y, por otro, adoptar medidas ante la falta de solvencia y los problemas para captar capital de calidad. Así las cosas, a partir de la entrada en vigor de la norma, la próxima semana, las cajas podrán operar como un banco e incorporar inversores privados.

El cambio deja cuatro modelos. Uno permite continuar como hasta ahora, con un nuevo régimen de cuotas participativas y con la adaptación de los estatutos a las modificaciones en el gobierno corporativo. Otro supone la integración de la caja en un Sistema Institucional de Protección (SIP) (operación que se denomina 'fusión fría'), cuya entidad central será una sociedad anónima y estará participada en al menos un 50%. La tercera posibilidad consiste en ceder todo su negocio financiero a un banco y mantener la condición de caja, la obra social y la cartera industrial. Y el último modelo se basa en transformarse en una fundación tras ceder todo el negocio de crédito a un banco en el que participe.

«Herramientas eficaz»

En definitiva, el Gobierno resalta que el decreto persigue un objetivo fundamental: «transformar las cajas en herramientas eficaces para su capitalización, facilitando el acceso al capital privado». Para ello, es preciso hacerlas «atractivas a potenciales inversores y garantizar el cumplimiento de los requisitos para su consideración como capital de la máxima calidad regulatoria». En este sentido, las principales novedades son la incorporación de derechos políticos, es decir, que sus propietarios estén representados en los órganos de gobierno de forma proporcional a su participación, y la liberalización de su régimen con la supresión de límites a la tenencia de cuotas, pero con un tope del 50% a la emisión.

Las reacciones no se hicieron esperar. La Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) resaltó la importancia de la reforma. Sus dirigentes se congratularon de que el Gobierno «haya tenido en cuenta criterios de flexibilidad y adaptabilidad para aplicar los cambios». Otro punto destacado es que el decreto asegura el futuro de estas entidades mediante «la introducción de instrumentos para captar capital en los mercados y, en especial, la preservación del estatus y funciones desempeñadas».

El punto de vista de los usuarios es muy distinto. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) denunció que se trata de la «venta a precio de saldo» del «patrimonio social de las cajas», y dejar su control en «manos de los tiburones financieros». Para esta agrupación es necesaria «la representación eficaz de los impositores o consumidores en los órganos de gobierno».

La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) mantiene que el decreto significa «el fin de las cajas de ahorro». Lamenta que «en el marco de un ámbito político inestable y de una fuerte crisis económica se lleve a cabo una intolerable reforma solapada por los meses de verano, en los que se aprovecha para desarrollar cambios político, social y económicamente incorrectos y nefastos para el porvenir de los españoles». «Esta reforma desemboca en la privatización de las cajas y en un reparto de poder encubierto por parte de los partidos políticos dominantes», añade la asociación.