Un rechazo polémico

El rechazo de la Mesa del Senado a dos de los candidatos propuestos por las comunidades autónomas para formar parte del Tribunal Constitucional, entre ellos el del discutido Enrique López designado por el Partido Popular, supone en teoría el punto de partida para la renovación de la alta institución que el Gobierno ha decidido finalmente acelerar. Pero el veto socialista a un candidato arropado con gran interés por los populares hasta el punto de nominarlo desde todos los Gobiernos autónomos que controla presagia un difícil camino para lograr el necesario consenso. La decisión avalada por los votos socialistas y CiU se apoya en un informe jurídico de los servicios de la Cámara Alta cuyas conclusiones suscitan una fuerte controversia jurídica que podría acabar por atascarse en interminables debates doctrinales. La consideración de que los años de desempeño de las tareas de vocal dentro de un órgano como el CGPJ no pueden computarse como tiempo efectivo de ejercicio profesional a efectos de méritos exigidos por la Carta Magna, descarta a dos de los aspirantes obligando a las comunidades que los designaron a proponer otros nuevos. Pero la polémica tesis que niega a los «servicios especiales» carácter de ejercicio profesional interpretada ayer por la oposición como un «veto político» aboca todo el proceso a un pulso de partidos por colocar a sus candidatos. El llamativo retraso acumulado por el Constitucional en el fallo sobre la idoneidad del 'Estatut' de Cataluña está concentrando una presión adicional sobre los actuales magistrados, cuatro de los cuales, además de la presidenta, han superado con creces su mandato. Pero la controversia partidaria no debería interferir en el proceso por muy comprometido que resulte el desenlace para los intereses electorales de los comicios que se celebrarán en Cataluña en otoño. Debería hacerse viable un doble procedimiento sin interferencias que por un lado permita a los actuales magistrados culminar su tarea emitiendo una sentencia sobre el 'Estatut'. Y, por otro, encontrar un clima de consenso adecuado para reiniciar sin prejuicios ni suspicacias la fase de renovación que culmine los relevos necesarios en una solución no excluyente en lo político y óptima en lo profesional.