Impuesto forzado

La decisión del presidente Montilla de incrementar la presión fiscal sobre las rentas más elevadas de Cataluña, para así complementar los resultados que la Generalitat obtenga mediante el reajuste presupuestario que desarrollará el decreto-ley aprobado en el Congreso, constituye antes que nada un gesto político a cinco meses de las elecciones autonómicas. El desacuerdo mostrado por CiU permite a los socialistas catalanes diferenciarse de los convergentes a través de una medida que compensaría el sacrificio de sectores dependientes del gasto de la administración. Pero al mismo tiempo revela la endeblez de la iniciativa, puesto que su aplicación sería en todo caso posterior a los comicios de otoño, por lo que quedaría sujeta a la mayoría que surja de las urnas; mayoría que todas las encuestas sitúan del lado de CiU. Dadas las fechas en las que nos encontramos, en vísperas de la entrada en vigor del incremento del IVA y a pocos meses de proyectar las cuentas públicas para 2011, sería más razonable que las posibles modificaciones impositivas se determinaran en relación a éstas y, aun respetando el ámbito competencial autonómico, una vez que se establezca un criterio general para el conjunto del país.