La reforma fiscal recibe el aval del Congreso con el único apoyo del PP

La reforma fiscal superó este miércoles el trámite y recibió la luz verde del Congreso. Eso sí, con el único respaldo del PP. Las negociaciones llevadas a cabo hasta el último momento para incluir alguna enmienda pactada que evitara la imagen de soledad solo sirvió para conseguir la abstención de CiU y PNV después de que estos grupos consiguieran incorporar once enmiendas transaccionales.

No hubo sorpresas y la mayoría de las 470 enmiendas presentadas en la comisión de Hacienda del Congreso fueron rechazadas. Sí que se aprobaron las presentadas por el PP, entre las que se encuentran en el Impuesto de Sociedades la obligación de los partidos políticos de declarar la totalidad de sus rentas, incluidas las exentas y la introducción de un 85% de reducción de la base imponible del Impuesto Especial sobre la Electricidad para los riegos agrícolas. Además, el PP se comprometió a incluir en el Senado una enmienda en Sociedades para corregir el perjuicio que para algunas empresas que se acogieron a la actualización de balances suponía la rebaja de tipos en el gravamen y por tanto, de la deducción por amortización.

Una de las enmiendas pactadas con CiU hace referencia que se puedan beneficiar de exenciones las becas para investigación en el caso de las fundaciones bancarias (hasta ahora excluidas). También acordó establece eliminar el límite del 50% en las aportaciones a mutualidades de previsión social en el marco de las normas para la determinación del rendimiento neto en estimación directa.

Durante el debate el PP volvió a defender la reforma fiscal como vehículo para “reactivar” el consumo al dejar más dinero en mano de los contribuyentes y gracias a esto consolidar el crecimiento. En este sentido, la portavoz del PP, Ana María Madrazo, recordó que la reforma supone una rebaja media del 12,5% en el IRPF. En concreto, la normativa reduce de siete a cinco el número de tramos dejando el tipo mínimo en el 19% -frente al 24,75% actual- y el tipo marginal máximo en el 45% -frente al máximo del 52%- en dos fases (2015 y 2016). “Van a pagar menos impuestos de IRPF las rentas medias y bajas”, aseguró la portavoz popular. En cuanto al Impuesto de Sociedades, el tipo bajará al 28% en 2015 y al 25% en 2016, frente al 30% actual, mientras que las PYMES se podrán beneficiar de deducciones de nueva creación para favorecer la autofinanciación y el endeudamiento empresarial.

Un 'regalo' de 9.000 millones

Por su parte, el portavoz del PSOE en la comisión de Hacienda, Pedro Saura, insistió en que el Gobierno ha optado con la reforma fiscal “bajar los impuestos a las rentas altas y a las grandes empresas”. En este sentido, criticó que se trate de una norma “ideológica” y además “irresponsable”. En su opinión se trata de un “regalo” de 9.000 millones –es el impacto estimado en la recaudación- a las rentas altas y a las multinacionales que podrían haberse destinado a “bajar la imposición indirecta o aumentar el gasto social”. El portavoz del principal partido de la oposición insistió en que la reforma no reactivará el consumo como defiende el Gobierno.

También se mostró muy crítico el portavoz de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, para quien las medidas contempladas en la reforma son “ineficaces” y además “injustas”. “Hacen que el peso de la crisis caiga en las clases trabajadoras”, afirmó. Además, también se quejó de la falta de iniciativas para combatir el fraude fiscal.

El portavoz de CiU, Antoni Picó, destacó que aunque la reforma fiscal va en la línea de rebajar los gravámenes recordó que se trata de impuestos que ya fueron “incrementados por el actual Gobierno”. Además, insistió en que las clases medias y los trabajadores autónomos “quedan perjudicados por la presión fiscal”. Todos los grupos de la oposición también pidieron rebajar el IVA cultural y reclamaron más medidas para luchar contra la economía sumergida. Una vez aprobado en el Congreso, la reforma comenzará su tramitación en el Senado con el objetivo de ser aprobada finalmente en noviembre y empezar a aplicarse desde el 1 de enero de 2015, año electoral.