La quita media de Hacienda a las empresas en concurso es inferior a 1.900 euros

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a España en su último informe que la Administración Pública aceptara quitas en los concursos de acreedores para facilitar la viabilidad de las empresas en riesgo de quiebra. Aunque la reforma de la normativa concursal ha reducido las mayorías para llegar a acuerdos y a fijar quitas y los ha hecho, además, vinculantes, el crédito de las administraciones públicas queda fuera del mismo.

Desde 2006 hasta ahora, la Hacienda Pública ha aceptado quitas en concurso por un valor total de 74 millones de euros, lo que representa una quita media inferior a 1.900 euros por concurso, ya que desde ese año se han producido más de 40.000 concursos en España. según datos facilitados por el Consejo General de Economistas (CGE) y el Registro de Expertos en Economía Forense (REFOR), que es el órgano especializado en este ámbito del Consejo de Economistas. Se trata, dicen los economistas, de una cantidad muy pequeña dado el alto volumen del crédito en los concursos.

Según un estudio muestral realizado por estas organizaciones, el crédito público -lo que se adeuda a Hacienda y a la Seguridad Social- representa el 20% del total de créditos en una pequeña empresa. Si se trata de una micropyme -con un pasivo inferior al millón de euros- el peso del crédito público sube al 30%. Por el contrario, a medida que aumenta el tamaño de la empresa, el peso del crédito público sobre el total disminuye. Las micropymes en España representan el 60% de los concursos de acreedores.

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, lamentó que la administración no introduzca más flexibilidad a la hora de aceptar quitas porque «no facilita que las empresas puedan sobrevivir, pero tampoco va a cobrar esos créditos». Por su parte, el presidente del REFOR-CGE, Leopoldo Pons, explicó que los datos concursales ni siquiera recogen el verdadero nivel de insolvencia que existe en España porque la mayoría de las personas físicas no acuden al procedimiento concursal y prefieren optar por echar el cierre al negocio. «El modelo concursal no funciona bien», afirmó Pons. Como demostración, explicó que, en 2013, el Fogasa tuvo que hacerse cargo de las deudas de 83.000 empresas con sus trabajadores (120.000 trabajadores tuvieron que cobrar sus sueldos e indemnizaciones de las arcas públicas) mientras que a concurso sólo fueron menos de 10.000 empresas (de las cuales alrededor de mil correspondían a autónomos).

El Consejo General de Economistas y el REFOR proponen derogar el artículo de la Ley General Tributaria que impide fraccionar o aplazar pagos en concursos de acreedores y que se permitan quitas y esperas en las deudas a la Seguridad Social al mismo nivel que los acuerdos de refinanciación. También defienden introducir en la reforma concursal modificaciones en lo que se refiere a la designación de los administradores concursales. En concreto, plantean que las personas jurídicas que puedan ser administradores concursales sean sociedades profesionales, no mercantiles; que el administrador concursal reciba una formación obligatoria en esta materia y que se dividan los concursos en tres segmentos (pequeños concursos, medianos y de especial trascendencia) para que el juez designe el administrador concursal en función de unos parámetros.