Cepyme regulará las retribuciones de sus directivos tras la denuncia a su presidente

Justo un día después de que el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, declarara en los juzgados como imputado por el supuesto cobro irregular de un sueldo de 300.000 euros a través de la facturación de dos de sus empresas a la patronal de las pymes entre los años 2010 y 2012, el Comité Ejecutivo de la organización decidió regular en los estatutos «el procedimiento de cualquier retribución que perciba en su caso algún miembro del Comité Ejecutivo», según un comunicado emitido ayer.

Terciado fue denunciado por tres miembros de la patronal de las pymes y acusado de estafa, falsedad documental y apropiación indebida por utilizar supuestamente la facturación de sus empresas Ingasert S.L. y Tecrucyl S.L a Cepyme como un sueldo encubierto. Un extremo que el máximo dirigente de Cepyme negó el martes ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, ya que, aunque reconoció que sus empresas facturaron a la organización, aseguró que las remuneraciones durante su mandato “se han realizado de manera correcta”.

Sin embargo, Terciado también fue denunciado ante la Comisión de Ética de CEOE por imponerse un sueldo de 154.000 euros -algo que los estatutos de la patronal no recogen- sin la aprobación de ningún órgano, como demuestra la decisión aprobada ayer por el Comité Ejecutivo para regularlo. Y es que los tres denunciantes, Bernabé Cascón y Benjamín Crespo, miembros de la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (Confaes) y Ricardo Andrés Marcos, de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), sostienen que Terciado ha firmado un contrato blindado de alta dirección por el que no ha rendido cuentas a ningún órgano de la organización.

En cualquier caso, Cepyme parece que trata de reaccionar a las dudas sobre la gestión de sus recursos ya que también anunció este miércoles la creación de una Comisión de Control Presupuestario para controlar las cuentas de la patronal –hasta ahora únicamente lo hacía la figura del Tesorero–, así como la limitación del mandato del presidente a ocho años. Por último, modificará los estatutos para incorporar los criterios de la Ley de Transparencia y buen Gobierno “de acuerdo con el compromiso adquirido por Jesús Terciado ante la Asamblea General”, reza el comunicado.