Los cazadores reclaman una ley armonizadora para todo país

El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Andrés Gutiérrez, considera que la existencia de diecisiete legislaciones distintas, una por cada comunidad autónoma, para regular la práctica de este deporte es un “disparate y una locura”. Durante una jornada sobre ‘Caza, conservación y seguridad’, celebrada en la finca ‘El Castañar’, en Mazarambroz (Toledo), reclamó al Gobierno que promueva una “ley armonizadora para todo el territorio nacional” que unifique criterios, dejando a cada región que plasme en su norma autonómica las peculiaridades propias de su zona geográfica (especies, vedas, etc…).

Andrés Gutiérrez se preguntó “¿por qué no se transfiere la seguridad vial a los gobiernos regionales, y así tendríamos 17 exámenes de conducir, uno por cada comunidad autónoma? Eso es lo que pasa con la caza y no se pueden poner puertas al campo”. Por este motivo, la RFEC ha redactado un texto que podría ser la base para una “legislación básica de carácter general”. La propuesta fue presentada hace un año al Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Medio Rural, sin que por el momento el departamento que dirige Miguel Arias Cañete “haya hecho nada”.

En este sentido, otro de los ponentes en las jornadas, experto en derecho cinegético, Alonso Sánchez, explicó que la caza sea un “hecho regulado” por 17 leyes distintas genera “un problema gravísimo, porque cuando hay más legislaciones distintas hay más líos y más denuncias”. Según puso como ejemplo, en una región un cebo envenenado puede suponer una falta administrativa muy grave y un delito penado con hasta con dos años de prisión, que en una comunidad autónoma tendría una multa de 300.000 euros y en otra de tan sólo 2.500, lo que “es inconstitucional”. Por eso, Alonso Sánchez enfatizó como “esencial” la aprobación de una ley básica a nivel estatal, pero “los políticos no descienden a la realidad de la caza, que mientras se siga como ahora será una cosa caótica”.

Por su parte, el director de la Escuela Española de Caza, Albert Ituren, incidió en algo tan básico como son las medidas se seguridad que varían según las regiones. Ni si quiera se fijan las reglas para distribución de puestos en las normativas autonómicas. “En Valencia tenemos normas para celebrar una mascletá, pero no para distribuir 60 rifles en el monte”, dijo. Otro ejemplo de las diferencias normativas es la que obliga a los cazadores a hacerse ver. Estos, junto a los responsables de las rehalas, que visten cada vez más chalecos o chaquetas de color naranja o amarillo, pero junto a la gorra solo son obligatorios en el País Vasco, Castilla-La Mancha, Asturias, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Cifras millonarias

Y es que la caza “no sólo es matar al animal, cumple una labor en favor de la biodiversidad y las especies más amenazadas de este país”. Estas palabras las pronunció, no un cazador, sino un conservacionista, Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo, organización que ha logrado recuperar para futuras generaciones al rey del bosque en España. Palomero, en contra de lo que manera errónea creen la mayoría de los ciudadanos, destacó que los cazadores en favor de la conservación de las especies, incluso las más protegidas como el oso, el lince ibérico o el urogallo.

Durante la jornada, en la que también se abordó el tipo de armamento, munición y especies de interés cinegético, el director de la Fundación para el Estudio y Defensa de la Naturaleza y la Caza (Fedenca), Pablo Fernández, explicó que más del 60% del territorio nacional es terreno de caza, una actividad que genera más de 3.650 millones de euros y cuenta con más de 54.000 puestos de trabajo que guardan relación con este deporte.

Por sectores, las capturas de caza menor (26.750.000 ejemplares anuales) y mayor (441.649 reses) suponen un valor de 1.044.359.650 euros. A estas le siguen el transporte con 664 millones de euros; los cotos y arrendamientos, con 556 millones; los perros de caza 408 millones; la guardería con 336 millones; las armas y la munición con 162 millones; la restauración y alojamientos con 142 millones; las rehalas contratadas con 75,9 millones; la tenencia de armas, licencias y seguros con 77,5 millones y la taxidermia con 42,2 millones. Con menores cuantías, pero no por ello menos importantes, figuran los gastos en veterinarios (4,8 millones de euros); las armerías y complementos (36 millones); los planes de ordenación y gestión de los cotos (56 millones) y los medios de comunicación especializados (19,7 millones).