La juez Alaya ordena el ingreso en prisión bajo fianza del dueño de Uniter

La juez instructora del Caso ERE ordenó el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros a José González Mata, el dueño de la segunda mediadora implicada en la trama de cobro de sobrecomisiones a cuenta de las prejubilaciones pagadas con dinero público. Tanto Fiscalía como PP habían solicitado esta medida ante la gravedad de las penas que llevan aparejadas los ocho delitos que se le imputan, el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

La decisión de la juez Mercedes Alaya se produjo tras dos intensas jornadas de declaraciones. González Mata, que fue citado a declarar el pasado mes de marzo en el marco de la operación policial Heracles, fue acusado de cohecho, malversación de caudales, asociación ilícita, prevaricación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública. La investigación policial puso en relieve el elevado patrimonio con el que contaba entre 2003 y 2010, con cuantiosos movimientos de dinero en ingresos directos o cheques y con una veintena de casas puestas a nombre de una sociedad.

La magistrada considera que todo el dinero que recibieron las mediadoras que tramitaban las prejubilaciones, Uniter y Vitalia, era indebido porque la propia Dirección General de Seguro afirmaba que su papel no era necesario en las contrataciones con la administración. Así, ambas entidades se habrían beneficiado de 51,6 millones de euros, cantidad en la que se incluyen tanto los gastos de corretaje como las sobrecomisiones, en ocasiones superiores hasta un 30 por ciento a la media y que según las diligencias policiales se repartía entre otros mediadores, como Juan Lanzas, el entorno de los sindicatos o el exdirector general de Empleo de la Junta Javier Guerrero, para mantener el “negocio” en que se convirtieron las ayudas a empresas en crisis.

Durante su declaración, González Mata también señaló que fue el viceconsejero de Empleo, Luis Nieto, quien autorizó los ERE de los parques auxiliares de Astillero de Huelva y Santana Motor, o que algunos expedientes los negoció directamente con Guerrero. Apuntó que los sucesivos directores generales de Empleo siguieron los mismos pasos para tramitar las ayudas, y criticó que los controles de la Junta en las pólizas fueran más laxos que los del Gobierno central. González Mata ya compareció en la comisión de investigación parlamentaria de los ERE y negó haber cobrado sobrecomisiones.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla imputó hasta ocho delitos al dueño de Uniter: cohecho, malversación de caudales asociación ilícita, prevaricación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública. Tras oír su versión, la fiscalía solicitó su ingreso en prisión preventiva y una fianza civil de 177 millones para afrontar futuras responsabilidades. La fianza impuesta para eludir la cárcel es similar a la que la Audiencia provincial de Sevilla impuso recientemente a María Vaqué, exdirectiva de Vitalia, aunque aún no ha podido afrontarla. Actualmente continúan en prisión por este caso, además de Vaqué, el otro responsable de la mediadora, Eduardo Pascual, el ‘conseguidor’ Juan Lanzas y el presunto testaferro Eduardo Leal.