Los pasos de tortuga de la 'comisión Sinde'

Apenas treinta resoluciones en su primer año de funcionamiento, en el que tramitó más 363 denuncias. Este es el magro balance del primer año de actividad de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual emanada de la 'ley Sinde' y encargada de resolver las denuncias por el uso ilegítimo de contenidos culturales en internet sujetos a derechos de autor. Teresa Lizaranzu, presidenta del organismo, hizo balance ante los medios de estos doce meses. Admitió que la comisión no es todo lo eficiente que debiera y confirmó que el Gobierno prepara una reforma para reforzarla y dotar de más agilidad a esta instancia conocida como 'comisión Sinde'.

Lizaranzu compareció un día después de que la industria cultural y del ocio expresara su desánimo por el trabajo de la 'comisión Sinde', acusara al Gobierno de falta de "voluntad política", y denunciara que en un año con más de 3.000 millones de descargas ilegales, apenas se hubieran retirado unas decenas de contenidos ilegalmente explotados en páginas de descargas.

No quiso valorar Lizaranzu el crítico informe presentado en la víspera por la Coalición de Creadores, que acusaba al Gobierno de ineficacia y que reclamaba más medidas contra la creciente marea de las descargas ilegales, 3.050 millones solo en 2012, que causaron al industria un quebrado de más de 1.200 millones de euros.

Los creadores lamentaron que España estuviera de nuevo en 'Top one' de la piratería en Europa y bajo la amenaza de volver a la lista negra de la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA). No mostró Lizaranzu excesiva preocupación ante el anuncio que recomienda incluir de nuevo a España en esta la lista de países 'piratas', de la que saló el año pasado. A juicio Lizaranzu, que se proponga la inclusión no significa necesariamente que se nos incluya en la lista negra de nuevo. "Canadá o Italia llevan años en ella" dijo sobre la denominada 'Lista 301' de la alianza que incluye los países en los que no se respeta la propiedad intelectual e industrial y que ahora señala como "al contrario de las expectativas que rodearon la puesta en marcha de la ley Sinde, que condujo a que España saliera de la lista 301, España no ha mostrado una evolución positiva en 2012".

Actividad

Directora general de Industrias Culturales además de presidenta de la comisión, María Teresa Lizaranzu, explicó que en los últimos doce meses se han presentado y tramitado ante el organismo un total de 363 solicitudes de autores que denunciaron la utilización ilícita de sus obras en Internet. Hasta 248 fueron archivadas por defectos de forma y prosperaron 115 demandas. De estas, 30 dieron pie al inicio del procedimiento sancionador, otras cuatro se archivaron por haberse retirado el contenido indebidamente usado, y las 81 restantes se encuentran en fase de investigación.

Hubo retirada voluntaria de contenidos ilegales en 19 casos de los 30 expedientes abiertos y en otros cuatro se ordenó la retirada mediante una resolución de la comisión. Otras quince páginas de descargas cesaron su actividad o retiraron total o parcialmente los contenidos denunciados a instancias de la comisión.

Lizaranzu reconoció que se podía ser "más eficiente" y espera que las modificaciones "agilicen el funcionamiento de la comisión". "Los resultados iniciales son positivos y se irán reforzando en la medida en la que se hagan las reformas", dijo. Entre ellas se contempla la creación de un 'tablón de edictos digital' con las notificaciones a las páginas web demandadas que no se encuentran domiciliadas en España. Este mecanismo acabaría con el contratiempo y la ralentización que supone la publicación de edictos en las embajadas de los países donde están domiciliadas las páginas web. "También vemos necesario que una solicitud presentada ante la comisión pueda incluir un mayor número de obras, frente al actual de una solicitud por obra" precisó.

"La comisión actúa con un procedimiento pionero, innovador y con garantía para las partes y mantenemos el modelo porque pensamos que es más efectivo actuar sobre la oferta ilegal que sobre los usuarios, concluyó Teresa Lizaranz tras expresar su satisfacción y asegurar que la comisión "es un engranaje en la defensa de los derechos de propiedad intelectual".