masacre en marikana

Ultimátum a los mineros sudafricanos en huelga

La empresa propietaria de la mina amenaza con despedir a los huelguistas si no vuelven el lunes al trabajo

NAIROBI Actualizado: Guardar
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La empresa propietaria de la mina de Marikana donde el jueves fallecieron 34 mineros que estaban en huelga a causa de los disparos de la Policía sudafricana, Lonmin, ha amenazado con un posible despido si el lunes no vuelven el trabajo los huelguistas. Los trabajadores en huelga ilegal para reclamar aumentos salariales tienen "una última oportunidad de reanudar el trabajo o enfrentarse a un posible despido", ha avisado la empresa.

Los mineros parecen dispuestos en su mayoría a rechazar este ultimátum, mientras la dirección de la mina no acceda a sus reivindicaciones salariales. "Esperar que volvamos a trabajar es un insulto, muchos de nuestros amigos y colegas están muertos. ¿Esperan que reanudemos el trabajo ¡Jamás!", ha dicho Zachariah Mbewu.

La presencia policial es escasa hoy en los barrocanes donde los trabajadores realizaban sus tareas diarias, pero la indignación sigue siendo enorme. "Estamos esperando un mensaje de la dirección. Mañana no volveremos a trabajar si no escuchan nuestras demandas de un aumento salarial", ha manifestado Fezile Magxaba, que es uno de los supervisores de la mina. "Hay gente que ha muerto, estamos indignados. Si volvemos al trabajo su muerte habrá sido en vano", ha añadido.

Investigación

Mientras tanto, la Dirección de Investigación Independiente de la Policía de Sudáfrica (IPID, en inglés) ha recuperado al menos 300 casquillos de bala en el lugar donde se produjo el tiroteo, según informan medios locales.

El semanario 'Sunday Tribune' añade que investigadores del IPID ya tienen en su poder, además de los 300 casquillos, 45 armas que se utilizaron supuestamente durante la masacre, calificada como el peor episodio de violencia desde el fin del régimen sudafricano racista, a principios de los años 90.

Según este medio, un equipo de 43 policías peinaron anoche la zona donde tuvo lugar la masacre para hacerse con pruebas forenses. "Hasta el momento hemos encontrado 300 balas y 45 armas de fuego. Están siendo precintadas para más tarde realizar pruebas de balística", dijo al semanario una fuente de la Policía, que pidió permanecer en el anonimato por carecer de permiso para hablar con la prensa.

Por otra parte, las autoridades del país han citado a 180 testigos de los hechos para ser interrogados y averiguar las circunstancias de la matanza, en la que un total de 34 mineros, armados con palos y machetes y que llevaban varios días en huelga para protestar por las condiciones de trabajo impuestas por Lonmin fueron acribillados a tiros cuando un grupo de trabajadores cargó contra los agentes, que aseguran que actuaron en defensa propia.

Continúan las críticas al Gobierno

Las investigaciones se desarrollan mientras se forma un comité específico para el caso, cuya creación fue anunciada el viernes por el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, poco después de visitar el lugar de la matanza. Asimismo, la ministra de Recursos Minerales de Sudáfrica, Susan Shabangu, afirmó ayer que se formará una comisión que examinará las leyes laborales de la explotación del platino, formada por miembros de la industria, de sindicatos, representantes del Gobierno y líderes tradicionales.

A pesar de las iniciativas del Gobierno sudafricano para esclarecer lo sucedido, Julius Malema, antiguo líder de las Juventudes del Congreso Nacional Africano (CNA), el partido gubernamental, que cuenta con una gran influencia entre los jóvenes sudafricanos, ha pedido la dimisión del presidente del país. "Yo no tengo un presidente, Zuma no es un presidente", dijo Malema frente a miles de personas que estaban concentradas en el lugar de la tragedia el viernes. "(Los policías) No tenían derecho a disparar", subrayó.

Además, el Instituto Sudafricano para las Relaciones Raciales calificó ayer la respuesta de la Policía de "completamente inaceptable". "Aunque se hubiera provocado a la Policía o aunque se les hubiera disparado durante el incidente, o aunque estuvieran afectados por la muerte de dos de sus colegas en los días anteriores de la huelga, ningún agente disciplinado y bien entrenado debería disparar sobre el público", subrayó el grupo en un comunicado.