La entrada de Manos Limpias en el 'caso Urdangarin' complica el futuro de la infanta

El juez del caso Babel, José Castro, ha admitido que el sindicato Manos Limpias se convierta en acusación popular en el sumario que investiga los supuestos negocios irregulares del duque de Palma y su socio, Diego Torres. La entrada en el caso de Manos Limpias -que ya ha conseguido, sin el apoyo de la Fiscalía, sentar en el banquillo a Baltasar Garzón en la causa del franquismo- complica, y mucho, el futuro de la infanta Cristina en este asunto.

El secretario general del sindicato, Miguel Bernard, ha informado hoy a este periódico que en cuanto Iñaki Urdangarin declare como imputado el próximo 25 de febrero en Palma, su formación pedirá la declaración, al menos como testigo, de la hija de don Juan Carlos.

Bernard ha señalado que el sindicato considera que Cristina de Borbón tiene una triple responsabilidad en este caso, en cuanto se lucró personalmente de los supuestos negocios ilícitos de su marido, era miembro de la ejecutiva del Instituto Nóos en los años en que se produjeron los grandes negocios bajo sospecha y es copropietaria de la empresa Aizoon, usada para 'vaciar' Nóos y supuestamente para defraudar a Hacienda.

Hasta ahora, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma no ha llamado a declarar a la infanta, ya que la Fiscalía Anticorrupción (única acusación hasta ahora en la denominada 'pieza 25) sostenía que la hija del rey nunca estuvo en el «núcleo» de la toma de decisiones de Nóos ni estuvo al tanto de las supuestas irregularidades que su marido llevó a cabo en la ONG ni en la empresa de la que es dueña al 50%.

La infanta Cristina no es el único objetivo de 'Manos Limpias' en el 'caso Urdangarin'. El sindicato ya ha presentado diversos escritos en tribunales de Valencia y Madrid contra, entre otros, el expresidente Francisco Camps, y el dirigente 'popular' Esteban González Pons por la adjudicación de los fallidos 'Juegos Europeos' a Nóos.

También ha pedido la imputación en este sumario del exalcalde de Madrid y hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por cerrar con la fundación que presidía el exdeportista un acuerdo para la promoción de la candidatura a los Juegos Olímpicos de 2016.