«El estado de alarma protege la seguridad del Estado y a los ciudadanos»

En el coqueto despacho de Gabriela Bravo Sanestanislao (El Ràfol de Salem, Valencia, 1963) se mezclan los libros jurídicos con la foto enmarcada del rey, figuras decorativas con los retratos de sus tres hijos y detrás de una vitrina una reciente instantánea con el ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra. La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGJP) es la cara visible del gobierno de los jueces desde hace dos años y tres meses. Una tarea ardua porque sus palabras se miran con lupa entre sus compañeros del Poder Judicial.

PREGUNTA: ¿Por qué el Consejo apoyó el estado de alarma?

RESPUESTA: Por que ante la gravedad de los hechos consideramos necesario hacer un llamamiento a la responsabilidad de los servidores públicos y de apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno. La declaración del estado de alarma en ese momento fue necesaria para salvaguardar la seguridad del Estado y el interés general de los ciudadanos.

P: Algunos juristas consideran que es una medida demasiado severa, ¿comparte esa opinión?

R: La situación de extrema gravedad para nuestro país, el cierre del espacio aéreo, exigía una respuesta rápida y eficaz. No obstante, el decreto está recurrido en el Tribunal Supremo, por tanto, serán los Tribunales quienes decidirán si la decisión adoptada la ampara la legalidad.

P: Un bufete de abogados que ha reunido 5000 afectados ha pedido refuerzos en los tribunales en caso de que prospere la demanda.

R: El Consejo en este y en todos los asuntos siempre atiende las demandas de los ciudadanos. En este caso propondrá las medidas de apoyo necesarias a los juzgados afectados, si las circunstancias así lo exigen, para garantizar el correcto funcionamiento de los órganos judiciales.

P: Dos de los pilares del actual Consejo han sido transparencia y eficacia, ¿en qué son ahora más eficaces?

R: El plan de choque que aprobamos para hacer frente al incremento de la carga de trabajo derivada de la crisis económica ha sido muy eficaz para evitar la saturación de estos juzgados. En la jurisdicción social, concretamente en lo que se refiere a los despidos, se han reducido la respuesta de 3,8 a 1,8 meses.

P: ¿Y en qué es más transparente este Consejo?

R: Apostamos desde el primer día por la transparencia institucional con los planes de modernización y de comunicación. En materia de nombramientos, la modificación del reglamento de carrera incorporó, por ejemplo, la comparecencia pública de los candidatos.

P: Pero no es cierto que ha habido cierto oscurantismo con los expedientes abiertos a los jueces: aumentaron un 80% en 2009.

R: El proceso es totalmente transparente. La apertura de un expediente para investigar los hechos denunciados no puede significar en ningún caso una sanción pública anticipada. Por ello el Consejo informa a la opinión pública de aquellas resoluciones que ponen punto y final a los expedientes incoados, sea su resultado archivo o sanción.

Recortes salariales

P: ¿Les ha llegado el cabreo de los jueces por los recortes salariales?

R: Es una paradoja que el momento en que más trabajo están asumiendo los jueces, cuanto más esfuerzo se les exige, menos cobran. Pero la coyuntura y la gravedad de la crisis económica han obligado a este gobierno y a muchos otros a recortes presupuestarios que afectan directamente a los ciudadanos, y ese contexto tiene que ser valorado y asumido. No obstante, el decreto sobre el recorte a los funcionarios está recurrido en los tribunales.

P: Le generó frustración que el Consejo no aprobara el informe consultivo sobre la ley del aborto. Parece que primó la ideología de algunos vocales sobre las motivaciones jurídicas.

R: Si me generó frustración, sí, pero hubo un debate jurídico de gran nivel. Las posiciones quedaron muy definidas y fue imposible aunar voluntades suficientes para lograr los 11 votos necesarios y aprobar el informe.

P: ¿El 'caso Garzón' ha quemado mucho al Consejo?

R: Es un asunto de gran relevancia mediática, pero el Consejo ha actuado siempre en esta ocasión y en todas, en el marco de la legalidad.

P: ¿Por qué el Supremo no señala ya el juicio de la memoria histórica? ¿Podría estar esperando a que evolucionen otras causas?

R: Esas afirmaciones son meras especulaciones. El tribunal fijará el juicio cuando considere que la instrucción esté concluida y sea el momento procesal oportuno.

P: Con respecto a las notas de Wikileaks, ¿ha habido debate en el Consejo sobre las presiones de EE UU en causas abiertas en la Audiencia Nacional?

R: La solidez de nuestras instituciones no ha quedado quebrada por el contenido de unos cables que no recogen más que impresiones unilaterales y subjetivas de personas que trabajan en la embajada norteamericana.

P: Pero no podrá negará que la imagen de la Justicia ha quedado dañada.

R: Nuestro Poder Judicial ha dado muestras evidentes de independencia bajo el marco estricto de la ley. (Los cables diplomáticos) no nos ha aportado nada nuevo que nos haga apoyar lo contrario. No me parece correcto sobredimensionar el valor de unos documentos que tienen el valor que tienen.

P: ¿Pero en el Consejo hay una queja abierta contra el juez Gómez Bermúdez?

R: Este asunto se ha remitido al servicio de inspección y este, a su vez, tendrá que elaborar un informe y remitirlo a la comisión disciplinaria.

P: Pero usted, que es fiscal de carrera, no cree que la cúpula del Ministerio Público ha quedado vapuleada.

R: A nadie le gusta que hablen mal de uno o que den una imagen que no se corresponde con la realidad. El Ministerio Fiscal es un pilar básico en nuestro Estado de Derecho y que actúa siempre conforme al principio de legalidad. Nuestras instituciones están por encima de las revelaciones de Wikileaks.