Estados Unidos alerta a sus nacionales de visita en España sobre el «racismo» de la Policía

Las cada vez más numerosas redadas indiscriminadas a la 'busca y captura' de inmigrantes 'sin papeles' han llegado, incluso, a oídos de la Casa Blanca en Washington. El Gobierno de Estados Unidos ha comenzado a alertar a sus turistas, de manera oficial y a través de Internet, de los problemas que puede originar el color de su piel en España, por los supuestos "prejuicios racistas" de las fuerzas de seguridad hacia los extracomunitarios. Apunta el Ejecutivo norteamericano a presuntas detenciones o identificaciones arbitrarias de sus ciudadanos afroamericanos "sin motivos aparentes".

La alerta ha surgido del Departamento de Estado (el equivalente al Ministerio de Exteriores) que dirige la ex 'primera dama' Hillary Clinton. Su Oficina de Asuntos Consulares tiene una completa página web que es la referencia básica de todos los viajeros estadounidenses, en la que se describe con todo lujo de detalles la situación política y de criminalidad en cualquier país del mundo. En el espacio dedicado a España (a la que unen con Andorra) figuran los ya tradicionales avisos de las zonas más peligrosas para los turistas o el recordatorio de que la amenaza de que ETA sigue activa en el país (se recuerdan en especial de las bombas de Burgos y Mallorca del pasado verano). Pero este año hay una novedad.

El Gobierno de Barack Obama ha incluido una advertencia hasta ahora inédita: posibles arrestos o interrogatorios de ciudadanos norteamericanos 'negros' a cuenta de su color de piel. Según afirma textualmente el comunicado oficial disponible para cualquier viajero: (en el Departamento de Estado) "hemos recibido informes aislados de que los prejuicios raciales pueden contribuir al arresto o la detención de los afroamericanos que viajen a España".

Herido en Barcelona

Siempre de acuerdo a la información que distribuye el Ejecutivo de Washington a sus turistas en todo el mundo: "Recientemente dos trabajadores afroamericanos del Gobierno de los Estados Unidos fueron interrogados por la policía en Barcelona sin motivos aparentes", afirma el Departamento de Estado, que incluso revela que uno de los funcionarios norteamericanos "fue detenido y sufrió daños físicos durante el proceso". La nota oficial no especifica si los supuestos malos tratos denunciados fueron a manos de la Policía Nacional, Mossos d'Esquadra o agentes municipales.

Mandos de la Policía Nacional, que han sido los que han descubierto y alertado de la existencia de esta dura advertencia del Gobierno norteamericano, han mostrado su sorpresa y malestar por las acusaciones de racismo del Departamento de Estado. Aseguran que en ningún momento ni la embajada norteamericana ni el Gobierno de Washington han denunciado las supuestas detenciones arbitrarias de sus ciudadanos de color. Insisten en que la difusión masiva de esta alerta es "desmesurada". No obstante, estos mismos responsables vinculan estas imputaciones a la ya famosa circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que el Ministerio del Interior remitió en enero a todas sus comisarías y en la que invita a practicar "detenciones preventivas" de cualquier inmigrante 'sin papeles' y en la que ordena se que los expedientes de deportación de los irregulares se ventilen a la "mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible".

Estas órdenes de identificaciones masivas de inmigrantes fueron tachadas de anticonstitucionales por los sindicatos policiales que acusaron incluso a Interior de "ordenar detenciones ilegales" y por el Consejo General de la Abogacía. No obstante la polémica generada cuando estas instrucciones secretas vieron la luz, el Ministerio del Interior ha mantenido intactas sus órdenes y las operaciones para la identificación y arresto de inmigrantes 'sin papeles' han continuado durante el último medio año. Decenas de ONG han venido denunciado que agentes del Cuerpo Nacional de Policía se apostan en lugares de habitual tránsito de inmigrantes (como estaciones o medios de transporte público) para aumentar el número de detenciones. El departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba se negó a retirar la polémica circular, alegando que está avalada por la 'ley Corcuera' y que no se "separa un milímetro" de la norma de extranjería.