El Gobierno aprueba el decreto de la reforma laboral que generaliza los contratos con 33 días de indemización

Mañana entrará en vigor la nueva reforma laboral después de que un Consejo de Ministros extraordinario haya aprobado definitivamente el texto, que incluye la generalización del contrato de fomento del empleo, el que tiene una indemnización de 33 días frente a los 45 de un contrato indefinido actual. De esta forma se abarata el despido. La nueva norma también contempla que el Estado, a través del Fondo de Garantía Salarial, se haga cargo del pago de ocho días de los despidos en todos los contratos indefinidos ordinarios, y no sólo en los de fomento del empleo, como antes había previsto el Gobierno.

Con luz verde por parte del Gobierno vía decreto ley, el texto se debe abrir ahora camino en el Congreso. El martes que viene se votará la tramitación de la norma como proyecto de ley. Esta modalidad retrasará su aprobación definitiva hasta el otoño pero permitirá que los partidos incluyan sus enmiendas.

Despido objetivo con pérdidas

En la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial extraordinaria, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha anunciado el compromiso del Ejecutivo de presentar un proyecto de ley independiente para el fondo de capitalización de la vida laboral los trabajadores, que imita el modelo austríaco y que servirá para abonar una parte de los despidos. El proyecto de ley debe presentarse y debatirse en un año. El ministro también ha precisado que no se comtempla aumentar las cuotas empresariales de la Seguridad Social para nutrir este fondo.

Una de las novedades de la ley es que una empresa sólo tendrá que acreditar pérdidas para justificar despidos objetivos, sin un periodo determinado para ello y en contra de lo que sólo hace una semana había adelantado Corbacho, que señaló que esas pérdidas tendrían que registrarse durante seis meses. El ministro ha dejado en el aire las causas objetivas de un despido porque "siempre debe determinarlas un juez". De esta forma, se mantiene la tutela judicial efectiva.

Junto a Corbacho ha comparecido la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que ha explicado que la reforma aprobada tiene una "ambición" primordial: que "el despido sea siempre la última opción". Aunque la norma llega por decreto ley porque no ha habido consenso entre el Ejecutivo y los agentes sociales, De la Vega ha señalado que recoge el "espíritu" de las aportaciones de sindicatos y patronal y también de algunas de las transmitidas ya por los partidos políticos en las negociaciones para su aprobación parlamentaria. El Gobierno, ha insistido la vicepresidenta, "quería consenso" con los agentes y, aunque no ha sido posible, ha decidido incluir muchas de sus propuestas "desde el equilibrio".

Además, ha expresado su confianza en que una reforma como ésta, "ambiciosa, sustantiva y de calado" se haga con el mayor grado de acuerdo parlamentario, y por eso ya se han tenido en cuenta algunos de los criterios de los grupos políticos. De la Vega ha asegurado que el Ejecutivo ha aprobado esta reforma laboral, "la más importante de las emprendidas en veinte años", desde la "convicción de su necesidad" y porque "ni elude ni diluye su responsabilidad".