Más de 60.000 pensionistas gaditanos se verían afectados por cambios en el copago farmacéutico

El anuncio de revisar el copago sanitario que hizo la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, aún con las matizaciones posteriores, ha despertado una oleada de críticas y la incertidumbre de decenas de pensionistas que se pueden ver afectados por esta reforma. La nueva responsable ha dejado claro que no se trata de subir la cuantía total que ya se cobra a los jubilados por el pago de medicamentos, sino de distribuir mejor esas obligaciones para que aporten más los que más tienen.

Eso llevaría a establecer un sistema progresivo con tipos distintos para cada tramo económico que permitiría repartir de una forma más equitativa la carga, pues desde 2012 todos los mayores que cobran pensiones contributivas tienen que pagar parte de sus medicinas con un mayor peso sobre los que superan los 18.000 euros al año.

En ese nuevo planteamiento de la ministra Montserrat se han establecido tres horquillas: de 18.000 a 30.000 euros brutos al año, de 30.000 a 60.000 y de 60.000 a más de 100.000. El resto seguiría abonando el 10% con un máximo de 8 euros al mes.

De llevarse a cabo -que aún está por ver en vista del impacto que ha tenido sólo el anuncio- Cádiz sería una de las provincias con mayor impacto, pues tiene una de las pensiones medias más elevadas de Andalucía. Su tradición industrial y el peso de la Armada la sitúan en esa posición privilegiada que en unos años perderá en vista de las enormes tasas de desempleo. De esta forma, casi un cuarto de los jubilados residentes en este territorio contribuyen a costear los fármacos que necesitan desde hace cinco años. Alterar el copago conllevaría que una parte de ellos tendrían que pagar más, pues ahora todos abonan lo mismo independientemente de la mensualidad que perciben hasta un máximo de 18,6 euros.

En este caso, de los 61.402 que declaran pagas superiores a los 18.000 euros, un total de 47.680 se quedarían en el primer tramo establecido. Los datos se extraen del informe Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias que elabora cada año el Ministerio de Hacienda con las declaraciones de la renta presentadas durante ese ejercicio. Tomando como referencia este mismo estudio, otros 13.313 pertenecerían al segundo tramo, que veían subir aún más su aportación y el último -formado por 409- tienen pensiones de más de 100.000 al año, por lo que continuarán pagando el 60% de los tratamientos farmacéuticos que necesiten hasta un máximo de 62 euros al mes.

No es una propuesta nueva

La iniciativa de Montserrat no es nueva. El ex ministro de Sanidad Alfonso Alonso también anunció su intención de cambiar este tramo del copago de los pensionistas, aunque como otras medidas no tuvo tiempo de materializarla. Montserrat podría haber anunciado la eliminación del copago farmacéutico de los jubilados, tal y como reclamaban algunas comunidades autónomas y partidos de la oposición, pero optó por mantener la reforma de sus predecesores y copiar la idea de Alonso.

Aunque en su momento el ex ministro de Sanidad no inquietó a nadie con su propuesta, la ministra generó el rechazo frontal de sindicatos, partidos de la oposición y comunidades como Andalucía. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha censurado lo que considera un «globo sonda» que ha lanzado el Gobierno central y ha advertido que la medida «busca empobrecer» a los jubilados. «Hay quien quiere que (el ahorro farmacéutico) salga del bolsillo de la gente y yo reclamo que sean las industrias farmacéuticas las que dejen de ganar tanto dinero», ha aseverado la presidenta en declaraciones a los periodistas en Sevilla, según recoge la agencia Efe.

También se ha pronunciado este martes la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, que ha rechazado la posibilidad de «ajustar» el copago farmacéutico y ha pedido a la ministra que «reflexione y retire y dé marcha atrás a esa iniciativa». «No solo estamos en contra de esta medida, sino de los copagos en sí, que sería mejor llamarlos repagos, ya que la sanidad pública se financia a través de los impuestos que pagamos ya todos, y de nuevo tenemos que pagar la prestación farmacéutica; ese 'repago' es intolerable», ha señalado.