Exigen de nuevo a los exdelphi la devolución de las prestaciones

Los antiguos trabajadores de Delphi vuelven a estar en el punto de mira. El expediente que inició la Inspección de Trabajo en 2013 por un supuesto fraude en el contrato de formación y en el cobro de una parte de las prestaciones ha terminado en el juzgado. El Ministerio reclama la devolución de algunas cantidades que percibió este colectivo en concepto de prestación por desempleo. Según la Inspección, el tipo de contrato que reguló la formación remunerada que recibió el millar de extrabajadores entre septiembre de 2009 y octubre de 2012 fue ilegal. Se le reclama a cada trabajador 6.231 euros. Sin embargo, los sindicatos han recurrido para suspender la reclamación del reintegro hasta la celebración del juicio, previsto para finales de 2017.

Esta información la publicó en exclusiva LA VOZ en octubre de 2014 cuando varios de los exdelphi fueron llamados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para rendir cuentas sobre el cobro de estas mensualidades. Los extrabajadores denunciaron entonces que ellos eran víctimas de un proceso laboral ideado por al Junta de Andalucía para mantenerlos ocupados hasta la prometida recolocación.

El expediente de Trabajo ha señalado a la fundación FUECA, que depende de la Universidad de Cádiz, como última responsable de la tramitación tanto de los cursos formativos como de la gestión de los contratos y, según fuentes consultadas por este periódico, la Administración central le ha exigido a FUECA la devolución de 2,6 millones de euros, incluida la sanción administrativa. Cabe recordar que la Junta concedió en 2011 una subvención de 20,2 millones a la FUECA para la realización de «acciones formativas para la adquisición y actualización de competencias profesionales para extrabajadores de la multinacional Delphi».

La Fundación ha recurrido alegando, entre otras cosas, que la Junta fue la principal responsable de la organización de todo lo relacionado con Delphi. La Fundación ha perdido estos recursos administrativos y se ha visto obligada a interponer una denuncia por la vía judicial, que instruye ahora el juzgado número 3 de Cádiz. El SEPE también ha interpuesto una denuncia. La justicia será finalmente quien resuelva si los exdelphi tendrán o no que reembolsar el dinero que percibieron durante dos años como prestación por el cierre de la factoría.

Una figura laboral inventada

La Inspección de Trabajo insiste en su informe técnico que hubo una simulación de contrato para amparar a los exdelphi bajo el paraguas de una formación remunerada. Es decir, la figura laboral que inventó la Junta para contratar a parados y pagarles un salario público por dar un curso de formación no está contemplada en el ordenamiento laboral.

Las protestas de la plantilla no se han hecho esperar y desde el sindicato CGT ya se anuncian movilizaciones contra lo que consideran un abuso. El portavoz de USO en Delphi, Miguel Paramio, ha señalado que los extrabajadores serán lamentablemente quienes paguen los platos rotos de la mala gestión de la Junta. El contrato que les hizo la Consejería de Empleo por tres años de formación fue irregular y les permitió acceder de forma ilegal al subsidio de paro.

LA VOZ desveló el pasado año que la Inspección de Trabajo llevaba varios meses investigando presuntas irregularidades en las cotizaciones a la Seguridad Social por la formación que recibieron durante 37 meses, concretamente desde septiembre de 2009 a octubre de 2012. Este mismo medio informó que el grado de connivencia se eliminó del expediente, es decir, los inspectores reconocen que los parados de Delphi eran totalmente ajenos a la relación laboral inventada por la Junta de Andalucía en julio de 2007 para compensar a la plantilla a golpe de prestaciones públicas, sin embargo, es ahora la justicia la que tendrá que definir esta situación.

El expediente administrativo entra de lleno en el cobro irregular de los subsidios y es justo en este punto donde los afectados tienen un serio problema, ya que la Administración central les requiere la devolución de las prestaciones que percibieron de forma irregular.

La Junta les dio una formación remunerada durante tres años a través de un contrato irregular. Este contrato de 37 meses de duración les ha permitido sumar puntos para percibir tanto un año de subsidio de paro como la ayuda familiar. El fondo de este contrato, según la Inspección de Trabajo, es ilegal, ya que se estaba tratando a parados como trabajadores en nómina, cotizando a la Seguridad Social y acumulando tiempo para ser receptores en un futuro de prestaciones públicas por desempleo. El invento laboral de la Junta no estaba reglado y estaba fuera de toda normativa.