Elecciones municipales

El 22 de mayo se celebran elecciones municipales, pero la campaña apenas se centra en cuestiones locales. El PP se ha empeñado en que sea la primera vuelta de las generales que se celebrarán en marzo de 2012.

Los ayuntamientos tienen gravísimos problemas financieros, como se pone de manifiesto en muchos de ellos cada vez que hay que pagar la nómina, pero su futuro no consta en el debate electoral, centrado en asuntos como el terrorismo, la política internacional, la inmigración, la crisis y el desempleo.

Es lógico que el debate político se ocupe de lo que preocupa a los ciudadanos, pero sería deseable que, al menos, se analizaran estas cuestiones desde la perspectiva local. En todo caso es un fraude que no podamos valorar las alternativas de los diferentes partidos ante la crisis de la construcción, sector base hasta ahora de las finanzas locales, por citar uno de los muchos problemas que atenazan a nuestros ayuntamientos. Aunque el debate electoral no se ocupe de ello, estamos ante un cambio estructural del modelo económico que está afectando a todas las instituciones públicas, especialmente a los ayuntamientos, que deben replantearse su sostenibilidad económica. La falta de financiación obliga a las corporaciones locales a adelgazar, reduciendo las plantillas y los servicios que prestan, comprometiéndose a reducir gastos y priorizar inversiones, equiparando progresivamente las retribuciones a las de otras administraciones.

Ante este difícil panorama, el centro de los programas electorales municipales deben ser los ciudadanos, aportando respuestas razonables a los problemas económicos y sociales desde la perspectiva local. Es lo que toca, aunque la estrategia de una oposición impaciente esté centrando el debate en la explotación electoral de la crisis.

En esta legislatura el papel de las corporaciones locales ha sido relevante en la gestión de los gobiernos socialistas, especialmente en la ejecución de ambiciosos programas de inversiones públicas, que se pusieron en marcha para amortiguar los efectos negativos de la caída de la construcción.

El Plan E del Gobierno y el Proteja de la Junta han salvado la gestión de los gobiernos locales en materia de infraestructuras y equipamientos públicos y han contribuido a sostener la actividad económica y la creación de empleo en un escenario complejo. La valoración que ha hecho el PP ha sido calificarlos de despilfarro de dinero público, mientras que sus alcaldes procuraban apuntarse el tanto de las inversiones realizadas ocultando la financiación aportada por los gobiernos socialistas.

Andalucía ha estado en la vanguardia en materia de administración local, con la aprobación de nuevas leyes pioneras en España, que consagran la autonomía competencial de las corporaciones municipales y mejoran su financiación con cargo a los impuestos de la Comunidad Autónoma, poniendo a los ayuntamientos en el lugar que merecen en la organización del Estado. La Junta de Andalucía es el único gobierno autonómico que ha aprobado un nuevo marco legislativo para los ayuntamientos andaluces, donde se les otorga más competencias y financiación. La apuesta por el municipalismo en Andalucía está recogida en los presupuestos de este año, en los que se crea el Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma, con una partida de 420 millones de euros, un 110% más que en 2010, que se ampliará hasta los 600 millones en 2014, lo que nos sitúa a la cabeza en las transferencias de fondos incondicionados a los ayuntamientos.

La crisis, y especialmente el desempleo, son un problema a resolver entre todos y no una oportunidad para ganar las elecciones, por lo que debe ocupar un espacio preferente en los programas y el debate electoral. Sorprende el cinismo de los que no ven demandantes de empleo sino votantes cabreados, los que responsabilizan a los alcaldes socialistas de los parados de sus localidades y a Zapatero de los desempleados de los municipios en los que ellos gobiernan. Combatir el desempleo debe ser un objetivo prioritario y nadie puede eludir sus responsabilidades, con la coartada de las competencias o la escasez de recursos. Todos los gestores públicos deben comprometerse en esta tarea, atendiendo a las familias con dificultades, comprometiéndose en la cualificación profesional de los demandantes, fomentando el emprendimiento y favoreciendo la reactivación económica.

Los responsables municipales deben estar en la vanguardia del cambio hacia el nuevo modelo productivo, sobre la base de la puesta en valor de los recursos y potencialidades disponibles, apostando por hacer mejor lo que hacemos bien y poniendo a disposición de los emprendedores las infraestructuras e incentivos necesarios para el desarrollo de sus proyectos.

Necesitamos alcaldes y concejales que trabajen para convertir a las localidades en los mejores escenarios para la generación de riqueza y la creación de empleo, la calidad de vida y el progreso social. Municipios innovadores, abiertos y participativos. Pueblos y ciudades habitables y solidarios, que integran al diferente y trabajan por la igualdad. Demandamos equipos de gobierno dispuestos a planificar un urbanismo a la medida de las personas. Grupos de personas liderados por alcaldes comprometidos con sus ciudadanos, dispuestos a recuperar los barrios degradados, a rehabilitar las viviendas deterioradas, a gestionar los recursos públicos con honradez, a apostar por el ahorro y la eficiencia energética, por las zonas verdes y la creación de espacios de convivencia. Debemos exigir el cumplimiento de un código ético que tenga tolerancia cero frente a la corrupción, que contemple la política como servicio público en defensa del interés general y obligue a gobernar a través del diálogo y la participación.