Disparates y demagogia

De la polémica sobre la adscripción, o no, a la Universidad de Cádiz de una Escuela privada de Enfermería en Villamartín, sorprende el desparpajo con el que los defensores de su creación le niegan a la Universidad su derecho a decidir si el proyecto presentado cumple los requisitos de necesidad y de calidad de la enseñanza como para aprobarlo. Porque esa decisión no sólo es competencia de la Universidad sino su responsabilidad ante la sociedad, que es quien le exige que sus titulados sean competentes para ejercer las profesiones de sus estudios. Y es la sociedad entera quien delega en esa misma Universidad la vigilancia de esa competencia, que es seguridad para todos nosotros. En el caso de la Escuela privada de Enfermería en Villamartín, distintos órganos de la Universidad de Cádiz decidieron que no cumplía esos requisitos de calidad. Y el Consejo Social hizo un informe desfavorable sobre la necesidad de esa Escuela. Pero lo que debería haber acabado ahí, en una decisión técnica, ha querido convertirse, interesadamente, en un problema político.

La segunda sorpresa desagradable de este asunto es la facilidad con la que ha prendido un discurso demagógico que convierte la defensa interesada de un concreto negocio privado en, nada menos, que todo un ataque de la Universidad de Cádiz al desarrollo futuro de la Sierra. A este disparate se han sumado políticos irresponsables que, por lo visto, están dispuestos a apoyar que haya sanitarios sin formación suficiente en los hospitales de la provincia a cambio de anotarse unos cuantos puestos de trabajo inestable. Que haga dejación de su responsabilidad es lo que, sencillamente, le están pidiendo a la Universidad. Agitando pasiones localistas con la bandera de una marginación histórica que ya no es cierta, en buena parte por las políticas realizadas por el mismo partido al que pertenecen esos políticos, desde luego no se hace provincia, ni se progresa. Que ahora se defienda una Universidad de la Sierra, con la misma ligereza con la que se cree que es posible inventarse, en tres meses, una Facultad que forme médicos, ya indica la poca seriedad con la que se trata un asunto tan serio.

También sorprende la impunidad con la que, para defender este proyecto, se miente y se difama. Aunque las decisiones de la Universidad han sido siempre tomadas por sus órganos competentes, personalizan sus críticas en el rector, del que sugieren unos intereses u odios personales que, por supuesto, no se molestan en concretar. El propio presidente de la Fundación Doctor Pascual denunciaba del rector su «ambición caudillista» y de «hacer de la UCA una república bananera», por no llevar esas decisiones al Consejo Social para que se pronuncie. Cuando lo hizo, informando en contra de la adscripción, la plataforma que apoya la Escuela insultó a sus componentes asegurando que «ni siquiera se han preparado la reunión», o que opinaron conociendo sólo la versión del rector, a pesar de que la propia plataforma había tenido encuentros con miembros del Consejo para exponerles su visión del asunto. Llega a mentir que no existen documentos ni estudios que justifiquen la decisión, aunque el Consejo Social, en su nota informativa, los enumera; entre ellos, el 'Estudio de necesidades de profesionales sanitarios en Andalucía 2009-2039', de la Consejería de Salud, muy crítico con la falta de médicos pero que, sobre la enfermería, dice claramente que «no existe déficit de profesionales en esta área asistencial».

De hecho, y por supuesto la plataforma no lo dice, ahora mismo hay un diez por ciento de enfermeros en paro, además de los diez mil diplomados que han emigrado a otros países europeos. Según datos del sindicato de enfermería Satse, en Andalucía existen casi tantos médicos como enfermeros, frente al modelo sanitario más racional de países como Reino Unido o Francia, donde son el 80 % del personal sanitario. Cuando los partidarios de la Escuela dan cifras de las carencias de enfermeros en España frente a Europa, por una parte las engordan: 150.000 enfermeros, dicen que hacen faltan, frente a los 30.000 que reclama la Organización Colegial de Enfermería. Y por otra, no explican tampoco estas diferencias de empleo sanitario que, en cualquier caso, no corresponde solucionar a la Universidad que realiza la formación sino a los partidos políticos, mediante sus programas de sanidad.

En fin, los despropósitos siguen, igual que los lujosos panfletos que difaman a todo color, y las declaraciones políticas de a ver cuánto nos va a costar -económica y electoralmente- todo esto, tan distinto al interés general y al servicio público. Mientras, en otro pasito localista más, esta provincia se desintegra, incapaz de unirse ni siquiera para defender a su Universidad, acusada absurdamente de enemiga de la Sierra. Lo que asusta es que los partidos crean que es impopular defender la integridad de las instituciones de esta provincia frente a la voracidad local o empresarial.