Aprobada la modificación de la Ley de Suelo con el voto en solitario del PSOE

Por segunda vez en su corta vida la Ley de Vivienda Protegida y Suelo ha sido sometida a votación en el Parlamento andaluz.También por segunda vez, el PSOE sacó la norma en solitario al oponerse los restantes grupos: PP, IU y PA. El Gobierno andaluz decidió modificar la norma, que entró en vigor en diciembre de 2005, ante el revuelo y polémica que causó entre los promotores urbanísticos la definición que la ley hacía del uso del suelo turístico.

En concreto, la norma introducía en la calificación de uso turístico la obligación de reservar un 51% del suelo para la edificación de hoteles y apartoteles y del 49% restante había que destinar un 30% a vivienda protegida, siendo la Junta la encargada de decidir la ubicación de cada elemento. Estos polémicos requisitos se habían introducido durante la tramitación de la ley, ya que el Gobierno andaluz en su elaboración había dispuesto otros en consenso con los sectores sociales y económicos afectados.

El PSOE, viendo el error, intentó dar marcha atrás en el debate final de la ley con varias enmiendas, pero el rigor del reglamento de la Cámara impidió su aprobación al negarse al trámite los diputados de Izquierda Unida.

Lo que el Pleno del Parlamento aprobó ayer de manera definitiva es lo que el PSOE incluyó en el texto original que presentó en su día al Consejo de Gobierno. Ahora la norma dice que se debe garantizar superficie suficiente para equipamientos y servicios adecuados a la población, con lo que se reservará el 30 por ciento de la edificabilidad de cualquier tipología residencial, incluyendo la de VPO, pero dejando a los ayuntamientos que decidan en sus planes generales su localización.

La norma que permite la retirada de competencias urbanísticas a los ayuntamientos - facultad estrenada con el Ayuntamiento de Marbella-, ha encontrado en su segunda tramitación una nueva polémica, la generada por los requisitos para la venta de las viviendas de protección oficial, las llamadas VPO, y que ha mantenido en pie de guerra a un grupo de propietarios con la Junta y el PSOE.

La modificación no aborda nada de las VPO, manteniéndose la ley tal como se aprobó el pasado año. Durante el debate, un grupo de propietarios de VPO, que asistían al mismo desde la tribuna de invitados, tuvieron que ser desalojados por los servicios de seguridad de la Cámara tras increpar a los miembros del Gobierno en el momento en el que estaba en el uso de la palabra el portavoz socialista, Juan Antonio Cebrián.

Límites a la VPO

La ira de los propietarios -que se han constituido en asociación y que tratan de negociar con la Junta- se centra en los requisitos y límites que la ley establece para la venta de sus viviendas protegidas. Los límites se refieren al precio, a los años que han de transcurrir para la venta y al derecho de retracto y de tanteo de la Junta en algunos casos. Para evitar el fraude, la ley obliga a los notarios a informar a la Administración de cualquier contrato de compraventa de una vivienda protegida.

La Junta quiere evitar que las viviendas se vendan como de renta libre cuando han sido adquiridas a precios inferiores al de mercado y, sobre todo, evitar el fraude al respecto. Por ello, el propietario deberá aguardar diez años para poder poner en venta su VPO y el precio que pida por ella no podrá ser superior al IPC acumulado desde que la adquirió. La ley aplica tales requisitos a las viviendas adquiridas a partir de 1992, interpretado como una norma de efectos retroactivos por los propietarios, a lo que se oponen.

El Gobierno andaluz ha prometido suavizar los requisitos con alguna orden o con el reglamento para la aplicación de la ley, todavía sin concretar.