La Junta acusa a las clínicas Pascual de ofrecer «precios abusivos»

La Junta de Andalucía ha defendido hoy su postura en el conflicto que mantiene con Clínicas Pascual y ha insistido en que las condiciones de esta entidad para prorrogar los conciertos en seis de sus hospitales son «totalmente inadmisibles por estar fuera de los precios de mercado y fuera de la legalidad».

En un comunicado, la Junta de Andalucía explica que por ello ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que le obliga al pago de 14,8 millones euros a la empresa de José Manuel Pascual Pascual por los servicios prestados en mayo de 2014. En este sentido, la Junta recuerda que el argumento que la administración defiende en este litigio, que la empresa no puede fijar precios arbitrarios unilateralmente en tanto se renueva el concierto, sirvió para que la Agencia de Defensa de la Competencia Andaluza haya incoado un expediente sancionador por presuntas prácticas restrictivas de la competencia a Pascual.

La Junta acusa a Pascual de aplicar «precios abusivos por los servicios facturados fuera de concierto» y de intentar vincular la suscripción de un nuevo concierto con la contratación de otros servicios. Igualmente señala que tanto el TSJA como el Tribunal Supremo han dado previamente la razón a la administración sanitaria andaluza con sentencias favorables relativas a las unidades de precios concertados y que el Tribunal Supremo estudia su recurso contra las sentencias que anulaban los términos de las prórroga del concierto sanitario de 2014.

«Si dicho órgano jurisdiccional resuelve que la prórroga realizada en dicho año cumple con la legalidad vigente, los pronunciamientos judiciales a favor de esta empresa hasta el momento quedarían afectados», asevera la Junta.

La administración andaluza afirma que para la prorroga de este concierto el SAS ha actuado «siempre siguiendo el procedimiento habitual en estos casos, que es convocar concursos abiertos, con transparencia, en igualdad de condiciones y con libre concurrencia de las empresas interesadas en los mismos».

Recuerda que Clínicas Pascual «no se ha presentado a ninguno de los dos procesos públicos de licitación celebrados recientemente». «La responsabilidad del Gobierno andaluz es garantizar el derecho a la atención sanitaria y respetar siempre la legalidad en los conciertos de la administración pública, por lo que seguirá intentando llegar a un acuerdo que respete las condiciones legales vigentes, al mismo tiempo que se seguirán buscando alternativas si no se llega al mismo», señala el comunicado.

Además la Junta explica a los trabajadores de la empresa, que hoy han culpado a la administración de «mala fe», que «la única responsable de la situación laboral que atraviesan es la empresa» propietaria de estos hospitales privados.