El Gobierno cursa la sanción de Antiviolencia de 1.500 euros a Kichi

Después de tres meses desde que la Comisión Antiviolencia decidiera proponer para sanción al alcalde de Cádiz, finalmente la Subdelegación del Gobierno ha tramitado la petición de multa que el órgano contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte impuso a José María González en el mes de junio, tal y como adelantó entonces LA VOZ. Así se propone que el regidor gaditano pague una multa de 1.500 euros por intentar que un aficionado que había sido expulsado por la Policía Nacional del Estadio Carranza en el Cádiz-Racing Ferrol entrara de nuevo, desoyendo así las claras y reiteradas advertencias que le hicieron los agentes.

Finalmente, la sanción de prohibirle entrar en un recinto deportivo durante tres meses no se propone dado a que la Comisión ha tenido en cuenta que González es una autoridad pública y dicho medida podría impedir el desarrollo normal de su trabajo como representante municipal en actos públicos, inauguraciones, etc.

El dictamen permanecía en las oficinas de la Subdelegación gaditana desde que se cursó desde Madrid a principios de julio. En dicho expediente también se incluyen las sanciones para dos personas más (el expulsado y a otro joven). Sin embargo, a diferencia de otras propuestas, el parte del Cádiz-Ferrol no se dio a conocer públicamente en ningún momento y la ejecución de su curso se ha retrasado.

Ante esta decisión cabe recurso por parte de José María González.

Los hechos

El altercado que ahora, de ser firme si no se admiten posibles recursos, podría desembocar en una sanción económica para el alcalde se produjo en el transcurso del primer partido del play-off de ascenso de la temporada pasada, el Cádiz-Ferrol. Durante el citado encuentro y tras desatarse una trifulca en el Fondo Sur, en la zona central donde se suelen ubicar los Brigadas Amarillas, los policías propusieron para una posible sanción y expulsaron a varios aficionados que estaban «insultando» a los policías y mantenían una actitud «muy agresiva».

Una vez fueron desalojados, el alcalde que estaba disfrutando del partido como un aficionado más, salió a intermediar por uno de ellos. Ya en el exterior, y a pesar de la negativa del vigilante de seguridad que se encontraba en la puerta, González Santos llegó a decirle que «se atuviera a las consecuencias», consiguiendo así que le dejara pasar al interior con el joven.

Pero el asunto no quedó ahí. Mientras accedía al recinto, el alcalde desoyó las explicaciones de los policías nacionales encargados de la custodia de la zona de acceso que le advirtieron en todo momento que dicho aficionado había sido expulsado del estadio y que, por tanto, no podía volver a entrar según establece la Ley del Deporte. «Ni se paró. Se comportó con superioridad, con una actitud chulesca», comentaron entonces las fuentes consultadas. Según aseguran, no quiso escuchar a los agentes que le apercibieron y en todo momento pidió hablar con sus superiores. «No es el comportamiento propio de una persona que dice que viene al estadio como un aficionado más», lamentaban. «Un ciudadano no pide hablar con los jefes de esa manera».

Según el reglamento, a pesar de que un alcalde sea una autoridad pública, es el coordinador de seguridad el único responsable de las tareas de dirección y organización de los servicios de seguridad en la celebración de los espectáculos deportivos. Sus funciones y régimen de designación y cese se determinan por ley y sólo un árbitro puede darle alguna consigna si lo estimara oportuno en caso, por ejemplo, de que entienda que hay que suspender el encuentro por cualquier anomalía o incidente que se produzca.

Finalmente, el alcalde llegó a hablar con el jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana al mando que se encontraban en el recinto y tras ello y, debido nuevamente a que sus requerimientos «no eran oportunos», tuvo que volver a acompañar al aficionado expulsado a la puerta de salida.

Este episodio fue incluido en el informe que redactó el coordinador de seguridad tras el encuentro y que se envía después de cada partido a la Comisión Antiviolencia, que es el órgano competente de valorar lo ocurrido y proponer para sanción los casos de incidencias.

Según la versión municipal, el alcalde solo «decidió aclarar lo ocurrido» y para hacerlo «pidió que el joven y el agente lo aclararan en persona», por lo que solicitó que el joven «regresara al campo y, una vez solucionada la situación con los agentes, el propio alcalde lo acompañó a la salida del estadio para que abandonara el Fondo Sur, del que había sido expulsado».

Desde el Ayuntamiento señalaron que «en ningún momento pretendió hacerlo regresar al estadio, solo evitar males mayores dado lo caldeado que estaba el ambiente en la grada».