Movimientos sociales y democracia

Una encuesta reveladora asegura que algo más del 80% de los ciudadanos confía en que los movimientos sociales serán capaces de resolver el drama humano de los desahucios, en tanto que solo alrededor del 10% pone sus esperanzas en el PP y otro tanto en el PSOE. Efectivamente, el PSOE no hizo nada cuando todos fuimos aprendiendo a la fuerza en qué consistía la ‘dación en pago’ y comenzó la secuencia dramática de ‘lanzamientos’ -que así se llaman los desalojos por orden judicial-, jalonada de algún suicidio. Y el PP tampoco hubiera reaccionado si no hubiera sido por la fuerza emergente de las asociaciones espontáneas que se han movilizado para salir en socorro del colectivo que con más dureza está siendo castigado por esta brutal coyuntura. A tal punto llegó la despreocupación de la política oficial por el problema que ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que nos ha puesto en evidencia al establecer la nulidad de las cláusulas abusivas, leoninas, que los bancos han prodigado en gran parte de los contratos de los créditos hipotecarios. También la justicia española ha declarado inválidas las cláusulas suelo cuando no fueron comunicadas al cliente con la necesaria transparencia.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha realizado una tarea magnífica, que merece el respeto de todos, y que ha desembocado en la presentación al parlamento de la Iniciativa Legislativa Popular para reformar la ley Hipotecaria y establecer la dación en pago. La pelota está ahora en el tejado de las fuerzas políticas, que ya han enmendado la proposición de ley en que se ha convertido la iniciativa y que deben ahora tramitarla hasta su desenlace en el Boletín Oficial del Estado. Cabe imaginar que la PAH ejercerá presión sobre la opinión pública para que este desarrollo recoja lo sustancial de su propuesta.

Al propio tiempo, otras movilizaciones sociales, a veces concluyentes con las de los desahucios, están protestando contra las preferentes, aquellos productos complejos ilíquidos que en la mayoría de los casos las instituciones de crédito vendieron a sus clientes como si fueran renta fija. También en este caso la sensibilidad popular va muy por delante de la oficial, puesto que el Gobierno, de momento, está previendo quita.