El Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional la ley que Esperanza Aguirre quiere imponer en Caja Madrid

El Ejecutivo ha decidido intervenir en la pugna política que se vive en Caja Madrid. El lunes recurrirá ante el Constitucional la Ley de Cajas, que lleva la firma de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y que le ha enfrentado, en un nuevo frente, al alcalde Alberto Ruiz Gallardón. La decisión del Gobierno de presentar un recurso de inconstitucionalidad supondrá, en caso de admisión a trámite, la suspensión de la norma. El anuncio se ha producido después de que esta semana el presidente Zapatero asegurara, durante el pleno del Congreso, que en Caja Madrid se vive un "espectáculo lamentable" por "los intereses partidistas, las ambiciones personales y las luchas fratricidas" en el seno del PP.

La presentación del recurso la ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Lo que se llevará ante el TC es la Ley de Cajas aprobada por la Asamblea de Madrid, con los votos a favor del PSOE madrileño, el 29 de diciembre pasado. La norma entró en vigor el 1 de enero de este año, por lo que el plazo para presentar recursos de inconstitucionalidad concluye el próximo 31 de marzo. De la Vega ha explicado que el recurso se interpone porque la ley establece "fórmulas de ponderación" en los órganos de gobierno de Caja Madrid de las corporaciones locales y los impositores "contrario al criterio de proporcionalidad" que establece la ley de órganos rectores de cajas de ahorro (LORCA) de 2003.

También se ha referido al recurso el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, que ha aludido a un informe del Consejo de Estado que "dice de forma tajante y casi textual" que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer ese recurso, "y a partir de ahí es muy difícil no actuar". Para el ministro de Economía y Hacienda es "un poco chocante" que, una vez iniciado el proceso electoral en Caja Madrid, se hayan cambiado las normas, aunque esto se haya hecho correctamente por parte de la Comunidad de Madrid.

Según la referencia del Consejo de Ministros, la propuesta de acudir al TC se ha elaborado tras sendos informes de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas para evitar que se altere la proporción que exige la LORCA sobre la representación de los distintos grupos en la Asamblea de la entidad. Esa norma establece que la representación de los distintos grupos está en función de la cifra de depósitos entre las diferentes Comunidades Autónomas en que tengan abiertas oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de ellos.

Sorpresa de la Comunidad

El PP de Madrid se ha mostrado "sorprendido" por el anuncio del Gobierno y ha defendido la legalidad de esta norma. Además, fuentes del partido han tachado de "incoherente" la interposición de un recurso contra una ley que ha sido aprobada en el Parlamento madrileño "con el apoyo del PSOE". También han mostrado su "sorpresa" por que el recurso se vaya a presentar sólo cuatro días después de que Esperanza Aguirre iniciará con los máximos responsables regionales de CCOO y UGT un proceso de negociación para desbloquear la situación en la entidad financiera. La presidenta no ha querido hacer valoraciones y se ha limitado a apuntar que esperará a que la justicia se pronuncie.

La Asamblea General de Caja Madrid rechazó el lunes, con más de la mitad de los votos en contra, el nuevo proyecto de estatutos de la entidad adaptado a la normativa de cajas regional, por lo que ahora el Ejecutivo autonómico puede imponerlos. De hecho, tras conocer el resultado de la votación, la Comunidad anunció su intención de promulgar los estatutos y el reglamento electoral de Caja Madrid en el plazo de un mes, ya que su rechazo por la asamblea habría creado una situación de desacato a la ley, según fuentes de la Consejería de Economía.

Los defensores de la Ley de Cajas señalan que la nueva norma es plenamente homologable a todas las demás leyes autonómicas, que "son constitucionales" y denuncian que el presidente de la entidad, Miguel Blesa, sólo busca perpetuarse en el cargo con su oposición a la norma. El recurso que el Gobierno presentará el lunes se une a los ya presentados por los ayuntamientos de Madrid y Sevilla.