Los estudiantes de Cádiz que nos oponemos al llamado Plan Bolonia adoptamos el encierro como forma de visualizar nuestra protesta, pero sobre todo, porque entendemos que con este tipo de acciones le ganamos «a Bolonia» el espacio que nos quiere arrebatar. No nos vale una Universidad en la que se refuerza el individualismo y la competencia, sino que entendemos que ésta debe ser un espacio para la reflexión, la crítica, y la socialización.

Por estas razones reivindicamos con nuestro encierro la necesidad de abrir un espacio crítico cuyo objetivo sea implicar a la mayor parte de la comunidad universitaria para, así, profundizar en el conflicto. Para nosotros, el problema está en la raíz misma de la reforma y no en su mala aplicación como muchas defienden.

Entendemos que Bolonia se enmarca dentro lo que se ha llamado la Estrategia de Lisboa, es decir, un plan estratégico para crear una Europa basada en fundamentos neoliberales en los que primará el beneficio privado por encima del bienestar social. Dicen que con esta reforma nos prepararán para el mercado laboral. Nosotros decimos que no queremos que nos preparen para un mercado laboral precario.

Con estos argumentos están dando por sentado que la precariedad es inevitable y por tanto han de prepararnos, a través de esos grados generalistas, para esa flexibilidad laboral. Frente a esto exigimos construir una Universidad pública crítica y abierta a la transformación de la sociedad.

Por otro lado, preparan el golpe definitivo a la universidad pública recortando el gasto social en la educación superior y llamando al sector privado a invertir en ésta; a la vez que introducen un sesgo económico debido a que los estudios de posgrado tendrán que ser financiados por los llamados «préstamos-rentas» que sustituyen a las becas a fondo perdido vigentes hasta la actualidad.

Y, a pesar de todo, el único punto positivo que podría tener el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior es desmentido por los hechos. Todas las declaraciones y normativas apuntan a que hay voluntad para favorecer la homologación de títulos y la movilidad, pero la realidad es que esto se queda en una mera declaración de intenciones al no establecer la Unión Europea los mecanismos para llevar a cabo esto; dejándolo en manos de ministros, empresarios y universidades según la propia Comisión Europea.