Debate educativo en Cádiz

Es innegable el crecimiento de la demanda de enseñanza privada concertada y el retraimiento de la pública en toda España. Entre las razones que explican este hecho está el prestigio del que goza la primera y su oferta de una educación tutelada por la religión católica. La educación en general y la concertada en particular es percibida como un mecanismo de movilidad social ascendente al que se apuntan las clases medias y bajas en un legítimo deseo de codearse con los grupos de referencia de mayores rentas. El plus de la educación religiosa que la mayoría de los concertados ofrece, se adecua a las actuales tendencias sobre religiosidad en España: no se practica, pero se siguen los ritos y, en última instancia, se valora mejor que su alternativa educativa.

El prestigio del que alardea la concertada se basa sustancialmente en un sistema de selección de clase basado en su ubicación mayoritaria en barrios de estatus medio-alto, lo que favorece la adscripción de este estrato social; en una fuerte cultura identitaria fomentada desde la dirección y basada en actividades extraescolares que los convierten de hecho en colegios de pago; y, sobre todo, en la vulneración del control efectivo de los procesos de selección, tanto de alumnos de nuevo ingreso (por eso sólo acogen al 5,8% de inmigrantes en Andalucía), como la continuidad de quienes fracasan (que son orientados hacia la pública en cuanto repiten).

La concertada esconde debajo de la mesa que sus equipos docentes han entrado a dedo, sin oposición, están peor pagados, tienen ratios de alumnos más altas, sus equipamientos y programas son, con frecuencia, inferiores a los de la pública (Bilingüismo, TIC, etc.) y los resultados, a pesar de la selección, no son mejores. Ofreciendo elitismo y religión, tienen éxito en el mercado de la enseñanza.

El problema tiene su origen en la debilidad de los primeros Gobiernos de la Democracia frente a la Iglesia Católica, por cuya causa se detraen ingentes recursos para sufragar una educación confesional (que les lleva, por ejemplo, a burlar la ley para desnaturalizar y desprestigiar una asignatura como Educación para la Ciudadanía, que se da en la mayoría de la UE), en detrimento de la universal y pública. A pesar de lo cual, sus beneficiarios hacen imposible un pacto de Estado sobre la educación que a otros países permite abordar el asunto como una preocupación social compartida, no como un debate electoral con cada informe PISA.

El sistema de selección de alumnos basado en los ingresos y la proximidad tiene efectos positivos, pero también perversos, como reforzar la segregación social urbana y limitar excesivamente la libertad para elegir entre distintos colegios públicos. Sólo cabe apostar por una enseñanza pública prestigiosa, un difícil reto porque debe bregar con todos. Y por ello, no se debieran cerrar centros públicos, sino ofrecer mayor calidad con menores ratios, mayor autonomía y apoyo a proyectos educativos y más prestigio, respeto y consideración social para el profesorado.