Los hijos de la Duquesa Roja dicen que creó la Fundación por una disputa con ellos

Gabriel y Pilar González de Gregorio y Álvarez de Toledo, hijos de la Duquesa Roja, creen que su madre constituyó la Fundación Casa Medina-Sidonia, a la que legó el valioso archivo familiar y el palacio que es su sede, después de enfadarse con ellos por una herencia, como informa la Agencia EFE. Al igual que hiciera ayer su hermano mayor, el actual duque de Medina Sidonia, ambos han mostrado hoy este convencimiento en la segunda sesión del juicio que se celebra en el tribunal de primera instancia número uno de Sanlúcar y en el que los tres hijos de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura reclaman que el patrimonio que su madre donó a la Fundación, los bienes más importantes que le quedaban a la familia a la muerte de la duquesa, forme parte de su caudal hereditario.

Gabriel González de Gregorio y Álvarez de Toledo ha contado hoy que la fundación se constituyó en noviembre de 1990, justo un año después de que los hijos de la duquesa iniciaran un pleito judicial con ella por el destino del testamento de su bisabuela Julia Herrera y Herrera.

En 1984, cuando les advirtieron de que había habido «falsificaciones» para proceder a la venta de una finca, su hermano mayor había escrito una carta a su madre pidiéndole explicaciones sobre la herencia de la condesa de La Mortera. «Rompió relaciones con él y empezaron las discusiones», ha explicado su hijo menor, que, como su hermano, fecha por esos años el momento en el que dejaron de comunicarse con su madre.

Julia Herrera y Herrera era la propietaria de la mayor fortuna dentro de la familia, que llevaba varias generaciones sin apenas patrimonio, según han contado a Efe fuentes próximas a la familia. Ella había sido una indiana dueña de inmensas propiedades en La Habana y en España tenía valiosas fincas e inmuebles como el palacio de Miguel Ángel de Madrid o el de la Mortera en Cantabria, además de un caserío cerca de Biarritz (Francia).

En su testamento Julia Herrera y Herrera, fallecida en 1968, dejó como herederos a los tres hijos de la Duquesa Roja, para los que había sido como una madre ya que Luisa Isabel Álvarez de Toledo los dejó a su cargo cuando empezó a tener dificultades con el régimen franquista que la llevarían a la cárcel y al exilio.

Este enfrentamiento comenzó además a partir de 1984, un año después de que la Duquesa Roja y su viuda y presidenta vitalicia de la Fundación, Liliane Dahlmann, comenzaran su relación sentimental.

«Aunque lo intenté no conseguí retomar ninguna relación con mi madre», ha contado hoy la duquesa de Fernandina, que llegó a un acuerdo legal con su madre dos años antes de su muerte: «no era satisfactorio para mí económicamente, pero preferí cerrar heridas», ha sostenido.

Los dos hijos de la Duquesa Roja han asegurado que se enteraron de la constitución de la Fundación por la prensa y que desde el principio tuvieron reservas de su seguridad jurídica. «Hice alguna consulta legal, se me dijo que no era el momento de eso , que el momento sería la sucesión, cuando se viera cual era la legítima», ha explicado Pilar González de Gregorio en el juicio.

El conflicto que hoy se dirime en este juicio se inicia, según fuentes próximas a los demandantes, cuando al llegar a la sucesión se tiene constancia de que no hay bienes suficientes para saldar sus partes legítimas como herederos.

La duquesa de Fernandina ha asegurado también que «no cabe duda» del «fin público» que tiene el archivo de la Fundación, con más de seis millones de documentos (el más antiguo del siglo XII), y de que es «muy importante para la historia de España» y debe permanecer en Sanlúcar de Barrameda, pero ha sostenido que para lograr estos objetivos no hacía falta que se constituyera una fundación pues ya tenía este uso desde muchos años antes.

Además, ha señalado que le preocupa mucho que el inventario de la fundación, completado en 2007, «evidentemente tiene lagunas», lo que supone que valiosos documentos han podido desaparecer. Y ha querido precisar que en su reclamación no hay «intereses espurios», ni mucho menos relacionados con que ella trabaja en una importante casa de subastas que «jamás infringiría la legalidad» para intentar vender unos bienes protegidos como Bien de Interés Cultural. «No me gusta nada que se diga eso», ha insistido.