El Ayuntamiento de Rota pagó facturas con datos falseados

La primera jornada del juicio que sienta en el banquillo a la alcaldesa de Rota y candidata del PP, Eva Corrales, concluía este lunes con algunas conclusiones que ponen en un serio apuro a los nueve acusados que se enfrentan al tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial por el llamado 'caso horas extras'. La más evidente es que ninguno negó la existencia de facturas que se pagaron con dinero público pese a que presentaban irregularidades.

Corrales, junto a su socio de Gobierno de Roteños Unidos, Lorenzo Sánchez, están acusados por la Fiscalía Anticorrupción de delitos de prevaricación y falsedad documental. El Ministerio Público solicita para la regidora una pena de cuatro años y ocho meses de cárcel, más quince de inhabilitación; y para el exalcalde, una condena que lo aparte de la vida política durante ocho años.

También están siendo juzgados el interventor accidental del Consistorio entre 2004-2010, el jefe de personal, los responsables técnicos de las áreas de Fiestas y Protocolo, un exedil del PP y un funcionario y su esposa. Estos dos últimos son la clave del 'caso horas extras'.

Manuel García está destinado en el servicio tributario y a él le han encargado desde 'los años 80' la confección de prendas como bandas de carnaval, trajes para maceros o las colgaduras que engalanan balcones de edificios públicos durante las fiestas. Como empleado público tiene prohibido hacer contratos con el Consistorio.

La discusión establecida en la vista oral es si esos encargos que no tienen nada que ver con su puesto de trabajo deberían haber sido considerados como suministros que se deben adjudicar a través de un contrato público y, por tanto, no podía ejecutarlos el acusado; o puede este funcionario ganar un dinero extra, ya que «era el que siempre lo había hecho», según Lorenzo Sánchez.

Hasta el año 2007, Manuel García cobraba los encargos con facturas que iban a nombre de su mujer. Una irregularidad que ninguno de los acusados ha negado. Su esposa, también acusada, no ha querido declarar y es la única que ha guardado silencio. Tanto los cargos públicos como los responsables técnicos han afirmado que los trabajos encomendados a Manuel los hacía él, pero sin embargo las facturas iban a nombre de su esposa. Una irregularidad grosera que nadie ha sabido aclarar salvo que se trataba de «algo instaurado» por los anteriores gobiernos.

El funcionario no quiere identificar a la persona que autorizó hace décadas esas adjudicaciones presuntamente irregulares. Afirma que no se acuerda.

La rúbrica sin mirar

La firma de la alcaldesa, Eva Corrales, aparece autorizando el pago de algunas de esas facturas. Es uno de los motivos que le han llevado al banquillo y por lo que ha sido interrogada. Sin embargo, la regidora asegura que ni había leído quién era la beneficiaria de las facturas cuyo pago autorizaba: "No tengo que dudar del trabajo que hacen los técnicos y de la documentación que me traen". La candidata del PP dice que su única preocupación "es que los trabajos estuvieran realizados".

Para el fiscal ésta es una prueba de que se había articulado este mecanismo de pago mediante facturas a nombre de una tercera persona para eludir la ley de incompatibilidad que impide a este funcionario recibir esos encargos. El interventor, que ha defendido la legalidad de los encargos encomendados, ha reconocido también que no se pueden pagar facturas a nombre de terceras personas que no han ejecutado el servicio.

No ha sido el único desliz de la declaración del procesado que debía defender, dentro de la estrategia de la defensa, que no se había incumplido ninguna norma. En un momento del interrogatorio describió esos encargos como contratos de suministro. Algo que coincide con la tesis del Ministerio Fiscal, quien sostiene en su escrito de acusación que como tal no podían acabar en manos de un funcionario.

Las polémicas facturas pasaron a mejor vida en 2007. Según Manuel García, él solicitó al área de personal que le reconocieran esos trabajos como horas extras. El jefe de personal sostiene que no vieron inconveniente ni el interventor tampoco. Los encargos se fueron pagando a través de gratificaciones extraordinarias.

El volumen llegó a ser tan importante en un solo mes, que levantó las antipatías de otros empleados públicos. La documentación con las horas que cobraba el acusado acabó en manos del grupo municipal de IU y dio origen al caso.

Horas extras por buena fe

Según el fiscal, en un mes llegó a cobrar 3.392 euros sólo en gratificaciones. Supuestamente tenía que haber realizado 349 horas extras en 30 días o lo que es lo mismo, 19 horas y media todos los días, incluyendo los fines de semana.

El Ministerio Público puso el acento durante sus interrogatorios en si existía algún tipo de control de las horas extraordinarias que se realizaban. Llamativa fue la respuesta de la responsable técnica de Protocolo, Manuela Serrano: «No todos los trabajadores del Ayuntamiento fichan a la entrada y a la salida. Hay que fiarse también de la gente».

Una falta de verificación del trabajo que se abona con gratificaciones extraordinarias que, según algunos de los acusados, es una práctica generalizada en el Consistorio.

Tampoco dejó indiferente que la mayoría de los acusados, funcionarios incluidos, afirmen desconocer cuál es el régimen de incompatibilidades de los empleados públicos. Una materia que forma parte del temario que estudia cualquier opositor que aspire a trabajar para la Administración.

Este martes prosigue el juicio con testigos y la prueba pericial. La vista oral está señalada para que acabe en esta segunda jornada.