Las grabaciones judiciales del «caso Formación» están incompletas

Las grabaciones que el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla ha realizado durante las declaraciones de los interventores provinciales de la Junta de Andalucía en el llamado «caso Formación», donde se investiga el destino presuntamente irregular de estos fondos públicos, están incompletas. Estas cintas, que sirven a las partes como actas de estos testimonios judiciales, han sido entregadas por el juzgado que dirige María Ángeles Núñez Bolaños con varias partes «defectuosas, incompletas y contrarias al texto de las actas», según ha puesto de manifiesto el PP en un escrito al que ha tenido acceso este periódico.

Varias fuentes judiciales consultadas por ABC añaden que algunos de los pasajes que no se han incluido son muy relevantes para la causa.

Los populares han solicitado formalmente que se les vuelva a hacer entrega del material, algo que ocurre además en pleno proceso de denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial de la supuesta filtración realizada a varios periodistas sobre el archivo de esta macrocausa aduciendo que las irregularidades detectadas hasta ahora no son de índole penal, sino administrativas. La propia secretaria general del PP-A, Dolores López, anunció esta medida ante «lo que está ocurriendo en el juzgado, tanto por los hechos en sí como por el momento en el que se produce», ya que el anuncio se produjo en plena campaña electoral.

A esto se suma ahora la queja ante la propia Núñez Bolaños de que las grabaciones en las que se recogen las declaraciones de los interventores generales, claves para determinar si hubo o no delito, han sido entregadas sin incluir distintos fragmentos. Una de las grabaciones que se corta, según las fuentes consultadas, es la del interventor de Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, que fue el más contundente de todos en su informe sobre las irregularidades en las ayudas y subvenciones de formación. Este funcionario emitió un dictamen sobre las presuntas irregularidades cometidas en su provincia entre los años 2009 y 2012. Posteriormente elaboró un borrador de informe de actuación por «riesgo de menoscabo de fondos públicos» que elevó al interventor general, quien lo asumió.

«Deje de preguntar por delitos que aquí no hay»

Casualmente, siempre según las citadas fuentes judiciales, la grabación se corta justo al comienzo de la intervención de la letrada del PP, Lourdes Fuster. En ese momento, supuestamente, la juez le habría dicho que «deje de preguntar por delitos que aquí no hay delitos». Sin embargo, esa expresión no estaría recogida en las actas audiovisuales que han sido entregadas a las partes. También faltarían muchas de las respuestas de este interventor a las preguntas del PP en las que se le cuestionaba sobre la falsedad en las facturas que justificaban las subvenciones.

También se habría cortado la grabación del interventor de Granada, Miguel Gutiérrez, justo durante la intervención del fiscal en la que pide al funcionario que explique las irregularidades que se producían en la fase de justificación. El interventor habría relatado que «las deficiencias» en las ayudas no se pudieron detectar antes porque él no entraba en esa fase hasta que se implantó el sistema de control permanente y se elaboraron esos informes especiales. Tampoco constan en las grabaciones entregadas las preguntas del PP al funcionario granadino. Pero en este caso se alerta también de que, además de que la cinta está «incompleta», las transcripciones también se han podido tergiversar. La acusación particular habría preguntado si de cara a la justificación de las subvenciones se presentaban facturas ilegibles o que no se correspondían con el objeto de la misma, a lo que el interventor respondió que ciertamente había facturas no elegibles. Sin embargo, el dictado judicial que se ha recogido literalmente en el acta es «facturas no leíbles». Dos conceptos muy distintos. Las facturas no elegibles hacen mención a los procesos de justificación en los que sólo se pueden presentar facturas directamente relativas al fin subvencionado, mientras que «no leíbles» se refiere a que estaban mal impresas.

En este contexto, el PP ha vuelto a pedir las grabaciones originales, ya que las partes incompletas podrían ser consecuencia de un error informático al realizar la copia. En todo caso, continúa adelante con su intención de presentar una queja ante el CGPJ, ya que todavía quedan por declarar varios testigos en la causa y, sin embargo, ya se ha filtrado la intención de Núñez Bolaños de archivarla porque sólo encuentra deficiencias de tipo administrativo, no penales. Curiosamente las partes que no aparecen en las grabaciones son aquellas en las que se incide en la posible tipología delictiva de los hechos investigados, lo que podría reforzar la denuncia por la posible predisposición de la magistrada.

El fiscal eleva el tono

A esta situación se suma la postura de la Fiscalía ante la pasividad de la magistrada en la toma de ciertas decisiones que se le han puesto sobre la mesa por parte del Ministerio Público. Son varios los escritos presentados ya por el fiscal de los ERE en los que le pide a Núñez Bolaños que impute a determinadas personas sobre las que no se ha pronunciado a pesar de que esta medida fue solicitada hace meses. El último de ellos es uno relativo al ERE de la sociedad Azucareras Reunidas de Jaén en el que la Fiscalía entiende que «procede dictar resolución acordando imputaciones o razonando la negativa», y todo ello «sin que quepa demorar la decisión al respecto al resultado de unas diligencias acordadas» sobre las que la instructora no se ha pronunciado.