La Fiscalía denuncia irregularidades en la remodelación del Palacio de Doñana, en Huelva

La Fiscalía de Huelva ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Decano de La Palma del Condado en la que apunta posibles delitos de daños en el patrimonio histórico y de prevaricación en las obras de remodelación del Palacio de Doñana, llevadas a cabo en 2015.

Las obras en la que es sede de la Reserva Biológica de Doñana, ubicada dentro del Parque Nacional, eran acometidas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y fueron paralizadas por el Ayuntamiento de Almonte a finales de abril de 2015 por carecer de licencia oportuna al ser un edificio protegido.

La denuncia del fiscal, a la que ha tenido acceso Efe, va dirigida contra nueve personas, entre ellos personal y miembros de la corporación del Ayuntamiento de Almonte, del CSIC y arquitectos de la empresa constructora y en ella se solicita que se practiquen diligencias para conocer la cuantía de los daños causados y comparar el estado del edificio antes de la realización de estas obras.

En la denuncia se especifica que existen informes técnicos realizados por la Consejería de Medio Ambiente y por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva que evidencian «la ilegalidad» de al menos parte de las obras atendiendo a la protección del inmueble afectado y al alcance y naturaleza de las mismas.

Las obras que comenzaron a ejecutarse perseguían una remodelación integral de parte del edificio, propiedad del Estado, cuyos orígenes arquitectónicos datan, al menos, del siglo XIV, para convertirlo en un moderno centro tecnológico adaptado a las necesidades científicas del siglo XXI; si bien en base a su protección sólo se pueden acometer en él obras de conservación y mantenimiento sin alterar ni acabados ni materiales y previo informe técnico municipal favorable.

El CSIC y la empresa adjudicataria de las obras presentaron en febrero de 2015, un primer proyecto básico supervisado por el Ministerio de Industria, que se limitó a informar que se presuponía el cumplimiento de la normativa; y que fue informado negativamente por parte del un arquitecto municipal.

Ante esto se presentó un segundo proyecto reformado que suprimía algunas actuaciones y justificaba las que había de acometerse en un informe sobre 'patologías' que remarcaba la existencia de humedades y envejecimiento general del edificio, y proponía actuaciones de conservación no agresivas; éste recibió el visto bueno del arquitecto municipal y por ende, licencia de obras, algo que, según el fiscal, no debería de haber sido así.

Fue entre uno y otro informe, narra la Fiscalía, cuando se iniciaron las obras, lo que motivó la denuncia de un particular y la posterior paralización de las obras por parte del Ayuntamiento desde donde, meses después, con la entrada del PSOE en el Gobierno, se archivó por entender que las obras ya tenían licencia, sin sanción alguna para la empresa, y ello pese al informe técnico municipal que calificaba los hechos como «infracción muy grave de la LOUA».