Suspendido el segundo juicio del «caso Aljaraque» contra el ex alcalde del PP

En la cuenta atrás para el segundo juicio por el conocido como «caso Aljaraque», en el que están acusados el exalcalde del PP de este municipio onubense, Juan Manuel Orta, y el ex edil de Urbanismo Casto Pino, por delitos de blanqueo, falsedad y cohecho en el caso del concejal, la vista queda suspendida y en compás de espera hasta nuevo señalamiento.

Según ha podido confirmar ABC, la suspensión del juicio se produce tras la renuncia de los abogados de ambos acusados, Manuel Macías (que representaba hasta ahora a Orta) y Moisés Barroso (letrado de Pino).

«No he tenido ningún problema con mi abogado», ha afirmado el ex alcalde en declaraciones a este diario. Sin embargo, fuentes próximas al caso han señalado que el abandono de las defensas ha venido provocado por diferencias económicas entre los letrados y sus clientes a la hora de afrontar el nuevo juicio, que iba a comenzar a partir del 15 de noviembre.

Con la vista a punto de celebrarse y la designación de nuevos abogados con un expediente por estudiar que ronda los 14.000 folios, la Audiencia Provincial ha decidido suspender la vista y poner nueva fecha (posiblemente en los dos primeros meses de 2017) para que los letrados tengan margen para poder preparar las respectivas defensas.

El pasado abril, el Tribunal Supremo (TS) ordenaba repetir el juicio contra Juan Manuel Orta y Casto Pino tras estimar el recurso de casación por infracción de preceptos constitucionales, infracción Ley y quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Fiscal y el abogado del Estado contra la sentencia del «caso Aljaraque» , que se cerró con la absolución del ex regidor y una pena de un año y medio de cárcel para Pino después de ocho años de investigaciones.

El Supremo anuló la Sentencia y retrotrajo las actuaciones al momento previo de la vista oral, para la celebración de un nuevo juicio con magistrados distintos a los que participaron en el primero juicio, celebrado en mayo de 2015.

La sentencia del TS consideraba que la nulidad de las escuchas telefónicas se declaró de modo indebido, así como las pruebas derivadas de estas escuchas y la prescripción de los delitos de falsedad.

Así, en contra del criterio que siguió la sala para anular las escuchas, el Supremo señaló que se fundamentaron en «datos objetivos provenientes de registros públicos, que revelan que en una localidad en plena expansión urbanística, dos personas especialmente expuestas políticamente desde perspectivas antiblanqueo, como son el alcalde de la localidad y el concejal de urbanismo, realizaron inversiones cuyos ingresos declarados son insuficientes para generar su coste».

La acusación pública y la Abogacía del Estado reclamaban para el ex regidor del Partido Popular dos años de cárcel por un delito de falsedad en documento mercantil, a los que añaden otros 3 años y 6 meses de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública , con una multa de 300.000 euros. Según las estimaciones de Hacienda, el fraude entre los tres acusados a las arcas públicas rondó los 1,8 millones entre 1997 y 2005.

En el caso del ex concejal de Urbanismo, la petición de pena alcanzaba los ocho años y medio, al sumar la acusación de cohecho.