El ministro de Justicia se muestra «perplejo» por la salida de prisión de Valentín Lasarte

En un desayuno informativo organizado por el periódico Ideal de Granada, el ministro de Justicia, Rafael Catalá se ha referido a uno de los principales temas de la actualidad de la jornada como ha sido la salida de prisión del miembro de ETA, Valentín Lasarte, que cometió los asesinatos de Gregorio Ordóñez y Fernando Múgica. 

El responsable del ramo, a nivel nacional, se ha mostrado «perplejo», asegurando que «al igual que el resto de ciudadanos tengo el sentimiento de que el Estado de Derecho a veces no responde adecuadamente a los principales desafios de la sociedad». En este sentido, Catalá ha expuesto que la salida de la cárcel de Lasarte, condenado a más de 300 años por haber participado en un total de siete asesinatos, es una manifestación de cómo «en el pasado el sistema jurídico no ha defendido suficientemente el derecho de las víctimas y no ha hecho caer toda la fuerza y el peso de la ley sobre las personas que comenten este tipo de crímenes».

Así de rotundo se ha mostrado el ministro, en una comparecencia en la que ha asegurado que las reformas de la justicia fortalecerán la lucha contra la corrupción. Se trata de un amplio repertorio de cambios cuyo objetivo principal es facilitar el acceso del ciudadano a una Justicia ágil y eficaz, así como procurar un Estado más sólido que fortalezca la lucha contra la corrupción.

En relación a la gestión del Gobierno, el ministro ha subrayado su «firme compromiso con la resolución de los problemas de los ciudadanos», emprendiendo para ello un conjunto de reformas en el terreno laboral, educativo, financiero o energético que, gracias al esfuerzo de todos, ya están empezando a dar resultados.

En cuanto a las reformas legislativas que se están llevando a cabo, el ministro ha señalado la reforma del Código Penal, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en el último Consejo de Ministros, con el objetivo de agilizar la justicia penal, fortalecer las garantías procesales y adoptar medidas de regeneración democrática que permitirán adaptar a la realidad actual una norma dictada en 1882.

Y ha sido en relación a esta última reforma, cuando el ministro ha enumerado sus principales aportaciones, como la relativa al establecimiento de plazos realistas para la instrucción de los procedimientos, que será de seis meses para los asuntos sencillos o de dieciocho para la instrucción de los más complejos. Por otro lado, con el objetivo de fortalecer las garantías procesales, el Proyecto de Ley fija que los Tribunales Superiores de Justicia revisen en apelación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales, mientras que la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se ocupará de revisar las dictadas por este tribunal. La reforma de la Ley permitirá, también, que los penados por sentencias españolas que resulten absueltos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos soliciten la revisión de sus sentencias.

Finalmente, el texto sustituye el término «imputado» por «investigado» en la fase de instrucción y por «encausado» tras el auto formal de acusación.

El ministro ha señalado que esta reforma se enmarca en el paquete de medidas contra la corrupción impulsado por el Gobierno, facilitando a jueces y fiscales herramientas eficaces en la lucha contra este tipo de delitos.