Dimite de Rabanales 21 el único consejero de la UCO experto en economía

Las negociaciones para reflotar Rabanales 21 no parece que estén siendo tan constructivas. Al menos, no como las instituciones quieren contar. El proceso se ha cobrado ya la primera dimisión, la del catedrático de la UCO José Antonio Gómez-Limón, que formaba parte del consejo de administración desde diciembre de 2014.

Gómez-Limón es uno de los tres consejeros que tiene (tenía) la Universidad de Córdoba en la empresa del tecnoparque como corresponde a su participación en el capital social, en el que aportó la finca de Rabanales sobre la que se realizó el polígono.

El catedrático es, de los tres representantes de la UCO, el único cuyo ámbito de estudio es la economía. Los dos consejeros restantes son Manuel Pineda, presidente del consejo, que es catedrático de Fisiología Vegetal.

Enrique Quesada, vicerrector de Innovación, es catedrático en Agrónomos.

Este periódico intentó obtener una explicación oficial tanto por parte del consejero dimitido como de la Universidad a la que representa, sin éxito. Otras fuentes aseguran que mostró su disconformidad con aspectos como la valoración de activos que se pretende realizar y de la condición de empresa en funcionamiento de Rabanales 21, un argumento contable que designa a las sociedades mercantiles que tienen planes para funcionar a medio plazo.

El pasado 28 de marzo, el consejo de Rabanales 21 conoció las líneas del plan de viabilidad que están redactando un alto cargo de la Junta y un asesor directo de la alcaldesa, Isabel Ambrosio. El plan consta de elementos como un proyecto para reducir deuda a cambio de suelo, prolongar el plazo de devolución de los créditos en manos del Ministerio de Economía, concretar la venta del terreno del centro comercial de Rabanales Plaza y una aportación con garantía hipotecaria del grupo Caixabank.

El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, aseguró ayer en el Parlamento que espera que el documento definitivo se encuentre terminado a finales del mes de abril, como máximo. «Espero que todas las partes lo acepten», aseguró el representante del Gobierno andaluz.