La Guardia Civil detiene a 16 altos cargos de la Junta por los cursos de formación

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes dieciséis altos cargos del Gobierno andaluz, entre los que se encuentran el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla de la Junta de Andalucía Antonio Rivas, en el marco de la operación por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta que investiga la juez Mercedes Alaya.

El Instituto Armado toma además declaración a exdirectores generales de Empleo y Formación y delegados territoriales. El objetivo son quienes ocuparon estos cargos desde el año 2002, según fuentes de la investigación. En total, hasta el momento hay detenidos 16 altos cargos relacionados con esta actividad.

En dicha operación también ha sido detenida, según las fuentes consultadas, la delegada de Innovación y Empleo en Sevilla, Aurora Cosano, y la ex directora general de Formación, Teresa Florido, que además es cuñada del exconsejero Ángel Ojeda, uno de los presuntos cabecillas de esta trama. Los 16 detenidos se reparten entre los dos delegados de la Junta en Huelva y Sevilla, siete exdelegados de Empleo, cuatro ex directores generales de Formación y tres responsables de consorcios de formación de Almonte (Huelva) y Mijas (Málaga). El caso que está declarado secreto de manera parcial desde el pasado mes de enero.

La Junta ya ha apartado de sus funciones a los delegados de Huelva y Sevilla -la citada Aurora Cosano-, aunque su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, asegura que respeta su presunción de inocencia y está «convencida de que las personas detenidas son honestas e íntegras».

En esta operación, la UCO está registrando el CIO Mijas (Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio) . Es el único consorcio escuela de la Junta de Andalucía gestionado de forma mixta, por una UTE formada por las empresas GDS y MSHoteles. Cuenta con restaurante y hotel donde aprenden los alumnos. El CIO Mijas lleva bajo la lupa varios meses desde que estalló el escándalo de los cursos de formación. Se ha puesto en cuestión el uso de las subvenciones y de hecho está cerrado desde el año pasado. Profesores y alumnos que han visto interrumpidos sus estudios por el cierre han protagonizado varios actos de protesta en la última campaña electoral.

La «gravedad» de los hechos

En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la «gravedad» de los hechos y tras detectar distintas «bolsas de fraude» que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).

Así, el secreto afecta a la investigación sobre la «existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación» y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, «y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración».

En segundo lugar, la instructora aludía a la «existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento», lo que también fue declarado secreto. Relacionadas

En este sentido, Alaya pone de manifiesto que, de la documentación recibida, «se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución».

El SAE

Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las «distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma».

En este auto, la instructora recordaba que el 20 de enero «se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación», señalando que «del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando».

En este sentido, indica que, «analizando los informes de la Intervención General que obran en la causa sobre las distintas direcciones provinciales del SAE y las diversas irregularidades denunciadas por la misma, es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a cuantas diligencias se deriven del estudio de tales informes».

Todo ello «atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba».