La Fiscalía de Toledo muestra su «firme apoyo» al fiscal de Talavera

Ángel de la Cruz Andrade está acusado de prevaricación, falsedad y un delito contra la ordenación del territorio

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La Fiscalía Provincial de Toledo ha expresado este viernes su «firme apoyo» al fiscal decano de la sección territorial de Talavera de la Reina, Ángel de la Cruz Andrade, tras el anuncio de «Manos Limpias»de que prepara una querella en su contra por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad y contra la ordenación del territorio.

En un comunicado de prensa, firmado por el fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez ha manifestado su defensa a Andrade por «su dilatada y solvente trayectoria profesional que le avalan como fiscal íntegro al servicio de la ciudadanía en el ejercicio de las funciones» que los fiscales tienen «institucionalmente encomendadas».

El caso del fiscal saltó a los medios de comunicación a raíz de un escrito de denuncia que el magistrado decano de este Partido Judicial, Fernando Presencia, remitió el pasado mes de junio a la Fiscalía Anticorrupción y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En dicho escrito, Presencia afirmaba haber sufrido «presiones» al investigar la existencia de un presunto «entramado de corrupción» en los Juzgados de Talavera, en torno a «actuaciones polémicas» del fiscal jefe de esta adscripción.

Esas actuaciones se refieren al intento de encubrir los hechos delictivos que dieron lugar a las diligencias previas de 2004, tramitadas en el juzgado del que Presencia es titular, por los supuestos delitos de «prevaricación, falsedad y contra la ordenación del territorio» en una urbanización de Pepino (Toledo), a partir de la denuncia realizada por el arquitecto municipal de esta población.

El magistrado indica en su denuncia que, en el seno de la creciente burbuja inmobiliaria, se había concedido «ilegalmente» licencia municipal de obras para la ejecución de viviendas unifamiliares en dicha localidad.

Practicadas las diligencias que el Juzgado consideró convenientes -añade el escrito-, el fiscal archivó el procedimiento por estimar que no existía infracción urbanística grave y que ocultaba «maliciosamente» que él era precisamente uno de los propietarios de las parcelas afectadas.

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