La Junta recurre a la batalla legal para poner fin al trasvase Tajo-Segura

El Consejo de Gobierno autorizó ayer un recurso contra la derivación de agua aprobada el 27 de julio

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En su reunión de ayer, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el trasvase de 20 hectómetros cúbicos desde el Tajo al Segura. Fue la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, quien compareció para explicar los motivos para formalizar este recurso ante la Audiencia Nacional, al considerar que el Ministerio de Agricultura no ha cumplido ni con la proporcionalidad del envío ni con la discrecionalidad.

Con esta decisión, el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha vuelve a utilizar los tribunales para protestar por los trasvases del Tajo al Segura, una herramienta que ha servido de poco en ocasiones anteriores -todos los recursos interpuestos en la época de José María Barreda entre los años 2003 y 2009 fueron denegados-.

Sin embargo, para la consejera de Fomento «es la única manera de hacernos oír» y recordó que Castilla-La Mancha no tiene representación en la Comisión Central de Explotación, encargada de aprobar los trasvases.

Buscar soluciones

Aún así, recalcó que la voluntad del Gobierno de Castilla-La Mancha es tender la mano para buscar «soluciones de futuro», alternativas que no concretó pero que deben llegar desde el Ejecutivo central «y que pongan de acuerdo a todas las partes implicadas». Para la consejera, es necesario buscar una solución «buena para todos» e insistió en que el trasvase es un sistema que no garantiza agua ni para la comarca de cabecera ni para Castilla-La Mancha ni para los regadíos del Segura.

Y aprovechó para aplaudir las palabras del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, al afirmar que iba a pedir al presidente del Gobierno, en la reunión prevista para hoy, apoyo del Gobierno en la reducción del coste eléctrico de las desaladoras existentes en la costa mediterránea.

En cuanto al recurso interpuesto por el Gobierno de Castilla-La Mancha al trasvase de 20 hectómetros cúbicos, aprobado el pasado 27 de julio -el último, de 15 hectómetros, del mes de agosto, también será recurrido «tenemos incluso más razones para poder reclamarlo»-, la consejera de Fomento informó de que se discute tanto la proporcionalidad del envío como la discrecionalidad de la orden.

Subjetividad del Ministerio

Indicó que los juristas de la Consejería de Fomento y de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha entienden que si bien la ley dice que en situación excepcional de la cabecera o nivel 3, el titular del Ministerio de Agricultura podrá autorizar discrecionalmente de forma motivada un trasvase de hasta 20 hectómetros cúbicos al mes, se ha confundido la libertad de acción que otorga la ley en relación con la discrecionalidad con la subjetividad que comporta un acto que la consejera calificó de «arbitrario».

De la Cruz ha recordó que la autorización debe ser motivada, algo muy discutible con la cuenca receptora, la del Segura, al 50% de su capacidad. Además, contempla trasvases de un máximo de 20 hectómetros cúbicos, «cantidad que firmó la ministra sin atender a una escala o graduación que parece sugerir la ley en función de circunstancias excepcionales como la que ha tenido lugar este verano».

Dijo que existe una tabla que marca las circunstancias excepcionales o el nivel 3. Según esa tabla, en el mes de julio se entra en ese tramo cuando las reservas conjuntas de Entrepeñas y Buendía bajan de 688 hectómetros cúbicos. Sin embargo, cuando el Ministerio recabó los datos, a 1 de julio, eran 470 los hectómetros de agua embalsada, un 30% menos de lo que marca la ley como situación excepcional. Cuando se publicó el trasvase en el BOE la cantidad rondaba los 420, por lo que «estaba más cerca del nivel 4 en el cual no se permite trasvasar legalmente que del 3», dijo De la Cruz.

Advirtió que el Gobierno de España debió haber ponderado que no era prudente, ni estaba motivado ni justificado enviar el máximo legal mensual permitido en nivel 3. También recalcó que con la cuenca cedente al 17% y la receptora al 50% de su capacidad, «ni había motivación legal ni existe proporcionalidad».

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