PUEBLOS

Cobisa inicia acciones legales contra Ortega

El TSJ de la región insta al Ayuntamiento a ahorrar 93.000 eurps a una empleada

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El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cobisa ha decidido iniciar acciones legales contra el exregidor socialista Félix Ortega, al entender que puede existir un delito de prevaricación en el caso de la auxiliar administrativa cesada en el año 2009.

Esta decisión surge después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha haya instado al Ayuntamiento a cumplir la sentencia de marzo de 2014, según la cual tiene que abonar 93.000 euros a esta empleada, tras amortizar su plaza de manera «arbitraria». Así informó ayer el Consistorio en una nota de prensa, en la que confirmó la noticia de ABC.

El actual alcalde de Cobisa, Emilio Muñoz (PP) ha dicho que se sienten «indignados por tener que soportar esta sanción que asciende a 93.000 euros para subsanar el mal gobierno de Félix Ortega, que antepuso sus intereses partidistas y personales al interés público de los vecinos».

A ello ha sumado, además, «la deuda heredada de dos millones de euros», consecuencia de «un gobierno déspota, propio de épocas arcaicas y desterradas en la política actual».

A su juicio, el PSOE «antepuso sus intereses partidistas y personales al buen funcionamiento del Consistorio» y, ahora, «debido a esta irresponsabilidad», los vecinos de Cobisa tendrán que «afrontar este pago añadido, además del perjuicio que se le ha causado a los dos trabajadores implicados».

Por ello, el equipo de gobierno ha decidido iniciar acciones legales contra el exregidor. «Nuestros vecinos —explica en la nota— no entenderían que permaneciésemos impasibles ante este tipo de actuaciones que perjudican y comprometen de forma muy grave las arcas municipales y que a la postre serán todos los cobisanos los que tendrán que soportan».

La sentencia recoge que en 2007, con el gobierno del PP, el Ayuntamiento contrató a una auxiliar administrativa con carácter interino, que fue cesada dos años más tarde por el exregidor del PSOE. La plaza se amortizó argumentando que no se requerían los servicios que realizaba la empleada, pero se contrató a otra persona para ocupar su puesto.

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