Piden ocho años de cárcel para el recaudador que estafó a 10 pueblos

El caso del recaudador de impuestos José Luis Lugones, denunciado por la presunta malversación de caudales públicos de una decena de ayuntamientos de la comarca de Talavera, está llegando al final de la fase instructora. En la conclusiones provisionales presentadas por el fiscal y las acusaciones particulares han solicitado para él una pena de ocho años de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos, según explicó a ABC el alcalde de Navalcán y abogado de nueve de los diez municipios afectados, Manuel Arroyo.

Mientras tanto, el abogado defensor de Lugones, Ignacio Serrano, ha pedido en su escrito de defensa que se apliquen las atenuantes de arrepentimiento y confesión, lo que podría reducir la pena a dos años.

Hay que recordar que el imputado se personó en un juzgado madrileño de la Plaza de Castilla para confesar el delito.

Este miércoles, 7 de enero, hace un año que el alcalde de Navalcán, Manuel Arroyo, presentó la primera denuncia contra el recaudador de impuestos, que mezcló el dinero de los contributentes de diez municipios (Navalcán, Velada, Los Navalmorales, Calera y Chozas, Aldeanueva, Cazalegas, Las Herencias, Rielves, Alberche y Las Ventas de San Julián) con su patrimonio hasta alcanzar una deuda cercana a los 1,4 millones de euros.

Lugones ya ha ingresado en la cuenta de consignaciones del Juzgado entre 60.000 y 70.000 euros, dijo Manuel Arroyo, pues está pagando unos 1.000 euros al mes gracias a las aportaciones que van haciendo sus hijos y al rescate de un fondo de pensiones.

José Luis Lugones no niega la comisión del delito, subrayó el alcalde de Navalcán, y continúa en prisión provisional sin fianza, en el centro penitenciario Ocaña I donde ingresó el pasado 9 de abril. Está a la espera de jucio y de que la Audiencia Provincial elija a los miembros del jurado. El pasado 24 de diciembre se le notificó el último auto de la Audiencia Provincial de Toledo, que volvía a desestimar la petición de libertad para el recuadador de impuestos.

Tras conocerse la presunta estafa, los alcaldes de los municipios afectados acudieron a la Diputación de Toledo para gestionar un convenio con el Organismo Autónomo Provincial de Gestión de Tributos, para que se encargara de la recaudación de impuestos. El presidente de la Diputación, Arturo García-Tizón, expresó entonces a los alcaldes que la institución provincial estaba abierta a colaborar con los pueblos afectados y estudiaría la situación de cada uno de ellos.