Una profesora con alzhéimer es obligada a seguir trabajando aunque confunda programas y enseñe materias que no le competen

La indignación se alía con la incredulidad en Portugal después de comprobar cómo una profesora de 61 años enferma de alzhéimer es obligada a continuar dando clases en la enseñanza secundaria si no quiere perder sus derechos de jubilación.

El caso acontece en Coimbra, una de las principales ciudades del país y ubicada entre Lisboa y Oporto. Esta mujer, de quien no ha trascendido el nombre, sabe que padece la dolencia desde hace tres años e inmediatamente formalizó su solicitud para retirarse, pues era consciente de que llamaba a sus puertas el deterioro mental. Por tanto, fue ella misma quien reclamó el cese de su actividad con el fin de evitar cometer errores durante el ejercicio de su profesión.

Pero entonces entró en acción la Caixa Geral de Aposentaçoes (Caja General de Jubilaciones), la institución que evalúa las peticiones en este sentido a lo largo de todo el país vecino.

Pues bien, la junta médica designada por esta institución rechaza quitar a la afectada de la primera línea de la educación porque, de acuerdo con su dictamen, «no está absoluta y permanentemente incapacitada para trabajar».

Una determinación que ha dejado estupefacta a la interesada y al colectivo de profesores, especialmente porque la profesora ya ha sufrido sucesivos «deslices»: confunde programas y libros, se equivoca en la parrilla de los exámenes, enseña materias que no le competen… El cúmulo de errores retrata el cada vez más avanzado nivel de enfermedad que desarrolla y que, sin embargo, no convence al trío de médicos (uno experto en ortopedia, otro en medicina legal y el tercero doctor de familia) en cuestión para concederle el acta de jubilación.

El clamor por semejante decisión en la Escuela José Falcao no se ha hecho esperar, según subraya la prensa local, y ahora la madeja se va liando porque la profesora no se conformó y ha acudido a los tribunales.

Así, la denuncia consta ya en el Tribunal Administrativo y Fiscal de Coimbra, avanzada por un recurso de suspensión de cautelar que le ha sido reconocido, por lo que esta mujer continúa percibiendo su salario como si se hubiese acogido a una baja y en espera de la sentencia definitiva.

Primeras señales de la enfermedad

Las primeras señales de alzhéimer salieron a la luz en 2012, cuando se vio obligada a hacer un alto en el camino debido a una depresión, el mismo motivo que la impulsó a frenar su actividad en ocasiones sucesivas.

Hoy, cuando han transcurrido casi dos años desde el primer dictamen de la junta médica de la CGA en su contra, la realidad se ha vuelto tan cruda para ella que su vida cotidiana depende totalmente de su marido. Por eso la actitud intransigente de la Dirección General de Establecimientos Escolares desata una ola de indignación.

Mucho más después de que el esposo, también docente, reconociese que él la ha ayudado más de una vez para que pudiera completar sus parrillas de evaluación y llegar a fin de curso de manera más o menos solvente, a duras penas.

Incluso recuerda que el director de la Escuela José Falcao le citó personalmente en su despacho al menos en tres ocasiones con el fin de alertarle sobre el errático estado en que se hallaba su mujer.

Hasta tal punto saltaba a la vista su pérdida de concentración que la familia terminó por llevarla al psiquiatra, con la esperanza de que se acostumbrase a vivir bajo un cierto control.

Para colmo, los abogados de la profesora elevaron una queja porque acreditaron que el responsable de la junta médica que valoró su caso apenas dedicó cinco minutos a revisar su expediente.

La Caixa Geral de Aposentaçoes acumula un largo historial de polémicas en Portugal, como por ejemplo la generada hace unos años cuando dispuso que una funcionaria pública tenía que regresar al trabajo pese a que el informe de un hospital certificaba una incapacidad física de hasta un 70%.

Igualmente, una profesora fue obligada a retomar los periodos lectivos incluso aunque se hallaba en estado terminal y a una colega suya con cáncer no le quedó más remedio que volver a enseñar a los chavales porque, de otro modo, la amenazaban con recortarle la antigüedad a la hora de calcularle la jubilación.

Precisamente, ahí radica el telón de fondo que explica todas estas actuaciones de la CGA: el excesivo celo para preservar los intereses económicos de las arcas públicas y su escasa flexibilidad de cara a conceder actas de jubilación. Por eso el colectivo desconfía de su actitud, porque no termina de comprender cómo no se realizan dictámenes favorables en los casos en los que la documentación presentada apenas admite dudas al respecto.

La profesora de Coimbra ha vuelto a disparar las alarmas en este sentido, sin que ningún representante del Ministerio de Educación haya tomado cartas en el asunto, al menos de momento.