Los obispos reclaman «la verdad» de lo ocurrido en las residencias de mayores durante la epidemia
Recuerdan a Iglesias que el pilar fundamental del sistema democrático es «la libertad» y que «no se puede insultar a nadie»
Al menos 18.833 personas murieron en las residencias de ancianos víctimas del Covid-19 o de patologías compatibles con el nuevo coronavirus según un documento interno del Ministerio de Sanidad. Para los obispos se trata de un «número suficientemente estremecedor» como para reflexionar sobre «el drama vivido» y reclamar «la verdad» sobre lo sucedido en la pandemia.
Así lo planteó abiertamente el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello, durante la rueda de prensa que tuvo lugar este miércoles al término de la reunión de la Comisión Permanente.
«Ha faltado veracidad para reconocer humildemente lo ocurrido. El desbordamiento ha obligado hacer racionamiento de los recursos, pero ¿cuál ha sido el criterio? ¿El DNI? Las residencias no son hospitales, son hogares y desde allí se ha estado reclamando asistencia sanitaria a un sistema que estaba desbordado», aseguró el prelado, quien consideró «manifiestamente injusto» si el criterio utilizado para racionar la asistencia sanitaria estuvo en la edad que fijaba el DNI.
«El número de fallecidos es suficientemente estremecedor como para reflexionar sobre el drama vivido»
Dos semanas después del inicio de la nueva normalidad, el portavoz de los obispos insistió en que es necesario conocer «la verdad para que desde esa verdad cada institución pueda asumir la responsabilidad que le corresponda». A la par, el portavoz de los obispos subrayó la necesidad de «pedir perdón, mantener una actitud de comprensión hacia el personal y los trabajadores de las residencias y reclamar criterios y directrices iluminadas por una profunda reflexión ética» para que esta situación no vuelva a repetirse.
Los estragos que este virus ha provocado en la población mayor ha empujado a la Conferencia Episcopal a estudiar durante la reunión de la Comisión Permanente la posibilidad de elaborar «un documento pastoral sobre la ancianidad en la sociedad española».
«Todas las instituciones, representadas»
Durante su comparecencia, el portavoz también aprovechó para agradecer la nutrida participación el pasado lunes en la misa funeral por las víctimas del Covid-19 y a la que asistieron los Reyes y las infantas. Según subrayó, «todas las instituciones del Estado estuvieron representadas» en la ceremonia pese a la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de su socio de coalición, Pablo Iglesias.
«El acto civil organizado por Sánchez es justo y necesario y la Iglesia estará representada»
«Cada institución es libre de valorar quién viene en su representación», insistió monseñor Argüello, quien recordó que la Iglesia «no contraprogramó» al Gobierno con la ceremonia litúrgica, ya que la fecha de esta misa fue decidida en mayo y notificada a Moncloa en junio, antes incluso de que el presidente fijara el día 16 de julio como fecha para su acto civil en recuerdo de las víctimas en la Plaza de la Armería del Palacio Real.
De hecho, el portavoz de los obispos subrayó que la ceremonia civil organizada por Sánchez es «justa y necesaria» y que la «iglesia estará representada».
«Diálogo vivo»
Pese a las buenas formas que mantiene la Iglesia en su relación con el Gobierno, los puntos de conflicto siguen allí. El más importante, sin duda, es la nueva ley educativa: la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la LOE). El secretario general de la CEE manifestó este miércoles su deseo de «un diálogo vivo» con el Gobierno para llegar a un acuerdo sobre la «ley Celaá». «Esperamos poder reunirnos las próximas semanas», afirmó monseñor Argüello, quien además adelantó que la comisión de trabajo acordada por el presidente de la CEE Juan José Omella y la vicepresidenta Carmen Calvo ya está lista. «Ya hemos notificado al Gobierno los nombres de nuestros representantes pero aún no se han reunido», apuntó.
«Tenemos que llegar a acuerdo sobre educación y encontrar un lugar común en el que los derechos de todos puedan ser reconocidos y respetados»
A los obispos les preocupa que el Estado se arrogue la responsabilidad de educar. «El papel del Estado en la educación es subsidiaria de los padres que son los primeros responsables de la educación de sus hijos», recordó. También lamentó que la llamada «ley Celaá» no tenga en cuenta la demanda de los progenitores a la hora de la creación de nuevas aulas concertadas y que no se reconozca el estatuto de la educación moral y religiosa tal como está planteada en la Constitución. «Tenemos que llegar a un acuerdo, encontrar un lugar común en el que los derechos de todos puedan ser reconocidos y respetados», afirmó.
Los obispos tampoco aprueban que la escuela concertada se quede fuera de los fondos públicos para la reconstrucción del país tras la crisis sanitaria. «No entendemos por qué se ha dejado fuera cuando forma parte de la red pública de educación y está ahorrando al Estado miles de millones de euros por la diferencia de lo que le cuesta al Estado una plaza en la escuela pública y lo que paga por una plaza en una concertada», afirmó Argüello, quien confió en que el Gobierno rectifique ya que aún «queda tiempo» (dos semanas) para que el pleno del Congreso apruebe el plan de reconstrucción.
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