Hasta 20.000 ciudadanos han sido contactados para formar la primera 'asamblea climática' de España

Hasta 20.000 españoles han sido contactados al azar para participar en la primera 'asamblea climática' de España, aunque solo cien serán los elegidos . Formarán parte de un grupo de voluntarios que se empezará a reunir previsiblemente a finales de noviembre y que elaborará un documento de recomendaciones para frenar el calentamiento global. Sus conclusiones, que previsiblemente estén listas entre marzo o abril del próximo año, no serán vinculantes, pero se mandarán al Gobierno y al Congreso, donde serán evaluadas.

Este grupo heterogéneo de ciudadanos tendrá que responder a una pregunta que les planteará el Gobierno: «una España más segura y justa ante el cambio climático ¿Cómo lo hacemos?» . Los integrantes serán seleccionados de manera independiente (por una consultora) y aleatoria, aunque los afectados deberán dar su consentimiento. De hecho, en la primera ronda de contactos, primero por email y después por teléfono, se ha recabado su disposición a participar. Ahora el trabajo de selección, al que aún le quedan tres semanas, deberá velar para que el grupo sea representativo de la sociedad española : será variado en género, edad, nivel de estudios, lugar de residencia (áreas urbanas frente a rurales) y actitud frente al cambio climático. Sus integrantes recibirán una compensación cercana a 650 euros.

La ‘ola asamblearia’ que comenzó en 2010, según sitúa un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), llega así a las políticas climáticas de España, más allá de la estela abierta hace ya una década por Podemos. En los últimos años, esta fórmula se ha popularizado en la lucha contra el cambio climático, con el primer precedente europeo en Suecia , donde se formó en 2014 y repitió en 2018. Desde entonces, cada vez más países han imitado la fórmula. En Francia , el resultado han sido 149 medidas que incluyen la prohibición de vuelos nacionales cortos con alternativa en tren, la reducción de la velocidad máxima en carretera a 110 km/h o la creación de un nuevo delito penal: el ecocidio. En Reino Unido , los británicos pidieron aplicar un impuesto progresivo al transporte aéreo o prohibir la venta de todoterrenos urbanos. En Suecia, la última asamblea pidió mejorar la red de trenes nocturnos, menos contaminantes.

En España, la asamblea forma parte de las medidas recogidas en la Ley de Cambio Climático. Se celebrarán cinco sesiones, una al mes y en fin de semana. Las primeras serán telemáticas, las últimas posiblemente presenciales. Y, sobre todo, sus conclusiones serán públicas, pero no serán vinculantes. Tampoco era conveniente, ha defendido Valvanera Ulargui, directora de la Oficina Española de Cambio Climático, durante la presentación, siempre que sí se asegure que las propuestas llegan a los legisladores. Solo en el territorio galo las conclusiones son imperativas y eso no ha impedido que las peticiones de los ciudadanos del resto de países hayan caído en saco roto.

Estos ciudadanos serán acompañados en el proceso por un panel coordinador , que facilite los trabajos técnicos de puesta en marcha y apoyo logístico de la Asamblea, formado por el Basque Centre for Climate Change (BC3) y la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). También habrá un grupo expertos independiente, que aterrizará y elaborará el texto final, y cuyos 16 integrantes han sido elegidos tras las recomendaciones de la Comisión Nacional del Clima, el Consejo Asesor de Medio Ambiente y las Comisiones de Transición Ecológica del Congreso y del Senado del Grupo. Entre ellos forman parte Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), Ana Collados, vocal de Transición Ecológica del Consejo de la Juventud de España; Irene Diez, directora de la Fundación Ecoalf; Juan Carlos del Olmo, secretario General de WWF España; Fernando Valladares, científico del CSIC o Víctor Viñuales, director ejecutivo de Ecodes.