La Cumbre del Clima encalla en la financiación

A pocas horas del cierre de la Cumbre del Clima, que desde el pasado 7 de noviembre se celebra en Marrakech, la negociación había quedado estancada en un asunto clave, la financiación. En esta reunión, se había presentado una hoja de ruta que garantiza que en 2020 estarán disponibles los 100.000 millones anuales para financiación climática, que deben servir a los países en desarrollo para financiar sus medidas de reducción de emisiones y de transformación de su economía hacia un modelo bajo en carbono y también para adaptarse a los impactos del cambio climático.

Ese documento no solo prevé que esos 100.000 millones se van a alcanzar para esa fecha (actualmente ya hay comprometidos 67.000 millones), sino que pronostica que con los fondos privados

y con la dinámica que ya tienen los mercados financieros esa cantidad podría duplicar las promesas actuales.

Los países desarrollados creen que esta hoja de ruta, basada en datos de la OCDE pero que coincide con otros análisis independientes, debería bastar a los países en desarrollo como garantía de que van a contar con ese dinero a partir de 2020, cuando el Acuerdo de París comienza a operar. Sin embargo, algunos países en desarrollo han llevado a la mesa de negociación la incertidumbre que ha supuesto la elección de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, y quieren que se incluya una revisión al alza de esa financiación en 2025. EE.UU. es uno de los mayores países contribuyentes a esta financiación climática, junto con los que conforman la Unión Europea.

Entre los que reclaman estas nuevas condiciones está Nicaragua, el verso suelto que estuvo a punto de dar al traste con la aprobación del Acuerdo de París y único país en el mundo que no ha presentado su contribución de recorte de emisiones para el año 2030. Según fuentes cercanas a la negociación, Nicaragua está consiguiendo que se alineen con su tesis Bolivia, Ecuador, Cuba, Filipinas, los países de la OPEP y, en menor medida, pero compartiendo algunas de sus tesis están también China e India. Hay que entender que las decisiones en la Convención Marco de la ONU del Cambio Climático se adoptan por consenso, por lo que un solo país puede echar abajo la negociación.

Las mismas fuentes aseguran que lo que están intentando es ganar tiempo para en el caso de que se materialicen las promesas de Trump -que para cancelar el Acuerdo de París tiene que esperar cuatro años, pero que también tiene la opción de abandonar la Convención de Cambio Climático, para lo que solo necesitaría un año- tener la excusa perfecta para no actuar contra el cambio climático. Los países de la OPEP por razones obvias, pues un mundo descarbonizado en la segunda mitad de este siglo implica dejar bajo tierra un tercio de las reservas mundiales ya conocidas de petróleo y la mitad del gas, según un informe del Instituto para los Recursos Sostenibles de Reino Unido.

Y los países del eje bolivariano y alguno más por una cuestión de justicia histórica en la contribución que estos países han tenido en este problema. El 10% más rico de la población mundial es responsable de cerca del 50% de las emisiones de carbono, según un informe de Oxfam.

La sombra de Trump

Nadie entiende por qué esta cuestión se ha ido arrastrando hasta el día final de la reunión, cuando en realidad lo que había que plantear en Marrakech era la hoja de ruta con las especificaciones de para qué se moviliza ese dinero, si para infraestructuras energéticas o construir resiliencia para enfrentar los impactos de un clima extremo; qué tecnologías computan y cuáles no, y cuáles serán los mecanismos de mercado internacionales que apoyen esta financiación.

Las fuentes consultadas explican que la presidencia ejercida por Marrakech no ha tenido mano férrea, y a esto se une que estos países quieren aprovechar la incertidumbre generada por Trump para no ir adelante. «Con esa excusa, le estamos haciendo el juego a Trump, en lugar de mandar una señal clara a los mercados y los inversores», se lamentan las mismas fuentes.

Con la misma excusa se mantenía también bloqueado un asunto que aparentemente era de trámite, como el calendario y programa de trabajo para aplicar el Acuerdo de París y poder iniciar en 2018 el proceso de evaluación de los planes de acción presentados por los países para reducir sus gases de efecto invernadero. No obstante, desde la delegación española, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, decía que es optimista y que esperaba que ajustando el lenguaje pudiera despejarse el camino para continuar con la implementación del Acuerdo de París.