Cataluña prepara una tasa anual para acabar con los peajes

En Cataluña, y en otras partes de España, retratarse ante una barrera de peaje forma parte de la rutina del conductor. La Generalitat quiere que en un par de años el pago se haga de manera anual –con el método conocido como viñeta–, y que éste alcance a todos los conductores, usen o no las vías que ahora son de pago. La administración confirmó ayer que trabaja en la adopción de esta forma de pago por el uso de la red viaria en su territorio. Una fórmula ya extendida en otros países europeos y que el ejecutivo catalán quiere implantar cuando a partir de 2019 comiencen a vencer las concesiones de las autopistas de peaje. La medida debe pactarse con Fomento.

En sede parlamentaria, el presidente Carles Puigdemont confirmó las intenciones de su gobierno, que pasarían por implantar el pago de una tasa de entre 40 y 110 euros por vehículo –en funci ón del uso que se haga del mismo–. Con un importe medio de 75 euros, y un parque móvil que en Cataluña ronda los cuatro millones de vehículos, la medida permitiría recaudar unos 300 millones al año. Según daba cuenta ayer «La Vanguardia», y confirmó la Generalitat, el precio para los transportistas sería más alto, mientras que los conductores de paso en Cataluña pagarían de manera proporcional. El pago en este caso s e podría hacer en las áreas de servicio, o mediante una aplicación móvil.

Fin de las concesiones

Desde el ejecutivo catalán se señala la necesidad de establecer un modelo homogéneo en todo el territorio, algo además que no puede demorarse demasiado, en tanto que el calendario del vencimiento de las concesiones no es muy dilatado. En 2019 acaba la concesión de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, mientras que en 2021 finalizan las de la AP-7 entre la frontera francesa y Tarragona –la más importante–, la AP-2, la C-32 en el Maresme y la C-33.

Dado que las principales autopistas (AP-7 y AP-2) son titularidad del Estado, la última palabra la tiene Fomento, en una decisión también con connotaciones políticas y que no puede desligarse del modelo que debe decidirse para el conjunto del España. La recaudación se repartiría entre la administraciones.

Con esta decisión, la Generalitat toma partido, y se decanta por un modelo que en otras instancias no gusta. Antonio Poveda (PSC), responsable de movilidad del Área Metropolitana de Barcelona, por ejemplo, abogaba recientemente por mantener las barreras de peaje como método disuasorio en los accesos a Barcelona, algo que la Generalitat solo contempla para el peaje de los túneles de Vallvidrera, que se mantendría. El PP también está en contra de estos planes, que califica de «agresión a los catalanes».