Las ONG denunciarán a España en Europa por no defender el patrimonio natural

Las ONG ambientales denunciarán al Gobierno español ante la Unión Europea por negarles el acceso a la justicia gratuita. Así lo anunciaron ayer después de que el jueves por la noche el PP votara en el Senado en contra de sendas enmiendas a Ley de Enjuiciamiento Civil y a la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que defendían el derecho a la justicia gratuita para las ONG ambientales por ser «mejores garantes de la protección ambiental ante los tribunales».

Era una demanda antigua por la que las ONG ambientales habían luchado desde hace mucho tiempo, y sobre todo después de que la Ley de Tasas –que suponía un coste inasumible para las ONG ambientales– y la reforma de la Ley de jurisdicción contencioso administrativa –que obligaba a los magistrados a imponer las costas a las ONG– hicieran «cada vez más difícil que las ONG acudiéramos a los tribunales a defender nuestro patrimonio natural», según explica a este diario Asun Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife.

«En España nunca hubo justicia gratuita–dice Ruiz–pero al menos estábamos exentos de tasas».

Cuando eso cambió con la entrada en vigor de la Ley de Tasas en noviembre de 2012, las ONG ambientales empezaron a trabajar para que se las incluyera junto a las víctimas del terrorismo, en el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita en el que trabajaba el Gobierno (que incluía este derecho para otras organizaciones como las víctimas de violencia de género o los consumidores) y llegaron a arrancar al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, un compromiso de que se les incluiría en el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Según Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, aparte del anuncio de Gallardón, «que quedó recogido en las actas, nos ha sorprendido el bloqueo del PP en el Senado ya que tanto el ministro Arias Cañete como la actual ministra García Tejerina se comprometieron a reconocer este derecho de las ONG ambientales».

Aunque finalmente el proyecto de ley de Justicia Gratuita no siguió adelante, sí se otorgó a las organizaciones de víctimas del terrorismo ese derecho a través de una enmienda promovida por el PP a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es lo que intentaban el jueves en el senado con sus enmiendas PSOE, IU y Entesa, pero se encontraron con el voto en contra del PP.

Los ecologistas recuerdan que están defendiendo un derecho fundamental recogido en el artículo 45 de la Constitución, el de permitirnos disfrutar de un medio ambiente adecuado, y consideran que el acceso a la justicia en materia ambiental es un derecho consolidado por parte de España y de la UE. Y ya hay jurisprudencia sobre el asunto. Recientemente el Tribunal de Justicia de la UE condenó al Reino Unido por ser la justicia en materia ambiental demasiado onerosa para los recurrentes.

En este sentido, las ONG ecologistas exigen también que se eliminen las cauciones que se imponen por determinados tribunales para la concesión de medidas cautelares o ejecución provisional de sentencias en materia medioambiental. «El exceso de garantías en algunos casos hace imposible que podamos hacer frente a grandes proyectos que consideramos ilegales», explicó Ruiz.