Las ONG creen que el registro sanitario es un parche que generará temor en los inmigrantes

La propuesta de Sanidad de crear un registro nacional de inmigrantes en situación irregular que otorgue un «documento» para recibir asistencia es un «parche» y va a generar temor y desconfianza entre estas personas, opinan expertos que trabajan con los inmigrantes.

La creación de un registro, que no otorga la tarjeta sanitaria, no convence a organizaciones sociales y sanitarias consultadas por Efe porque coinciden en que complicará el sistema y sembrará desconfianza en los inmigrantes en situación irregular sobre el uso de sus datos, por lo que reclaman volver a la «sanidad universal» que se practicaba antes de la reforma.

Sanidad argumenta la necesidad de implantar esa medida para unificar en todas las comunidades la asistencia sanitaria de estas personas en situación irregular, evitar el turismo sanitario y atender a los inmigrantes «con control a través de un registro y sin abrir u otorgar derechos que puedan venir en perjuicio del país», según explicó el ministro Alfonso Alonso.

«A Médicos del Mundo nos despierta alarma; más que verlo como un procedimiento que facilite ese acceso de atención sanitaria, lo vemos como una barrera preocupante porque se creará un sistema sanitario paralelo para las personas más excluidas y sigue ahondando en la discriminación de ese colectivo», explica Eva Aguilera.

La responsable de esta ONG, dedicada a la atención en España de inmigrantes que perdieron su tarjeta sanitaria con la reforma de 2012, opina que estas personas «lo van a vivir con desconfianza» y no cree que «vayan a acudir rápidamente a apuntarse en un registro».

Además, expone sus dudas sobre cómo se va a dar cobertura sanitaria a los inmigrantes si no se les facilita la tarjeta sanitaria, por lo que no lo ve como la solución «al impacto terrible de la reforma».

«Si esas personas no tienen tarjeta y no están en el registro de pacientes, cómo se va a hacer la derivación de la atención primaria a la especializada o entrar en los protocolos de prevención y atención a determinadas enfermedades; hoy no es posible sin tarjeta», insiste.

Un sistema muy complejo

Desde la Red Acoge, que agrupa a una veintena de federaciones y participa en el Foro para la Integración de los Inmigrantes -órgano consultivo-, el registro para obtener el documento «no es la vía» y conlleva un «sistema muy complejo».

«Es un parche, lo que queremos es que se derogue el real decreto en relación con las personas en situación irregular», asegura la responsable jurídica de la red, Inés Díez, quien añade que «el camino debe ser facilitarles el acceso a la asistencia sanitaria en situación de igualdad con el resto de los ciudadanos».

Además, considera que este sistema «no garantiza más allá de la asistencia primaria y no queda claro cómo se derivaría al especialista».

«El registro nos genera muchas dudas porque puede ser un obstáculo para los inmigrantes que pueden manifestar temor al tener que incluirse en una base de datos a la que pueda tener acceso la Policía y que pudiera repercutir en su documentación», indica la responsable de la red.

Para la jurista, no «es real el turismo sanitario» y discrepa con el argumento de que la tarjeta sanitaria permitiría a los inmigrantes recibir asistencia sanitaria en otros países de la UE. «Hablamos de personas que vienen por problemas económicos o huyendo de conflictos y de violaciones de derechos humanos, no por la asistencia sanitaria», añade.

Reunión con Sanidad

La Red Española de Inmigración ha insistido en la urgencia de recuperar «la sanidad universal, pública y gratuita» y ha pedido «no desaprovechar la oportunidad« de hacerlo en la reunión prevista para el próximo 2 de septiembre entre Sanidad y comunidades autónomas.

«Consideramos que cualquier solución que se vertebre desde el Gobierno no puede provocar la segregación racial y social de la ciudadanía», ha explicado la red en un comunicado.

El pasado 14 de julio, Sanidad planteó a las comunidades, cuando aún no habían tomado posesión todos los consejeros del ramo tras las elecciones autonómicas, que los irregulares pudieran acceder a la atención primaria a través de un documento, no una tarjeta sanitaria, y para adquirirlo debían estar empadronados un año.

En la reunión que van a mantener Sanidad y las comunidades autónomas el próximo 2 de septiembre, se va a debatir esta propuesta