Un grupo de venados en el Parque Nacional de Cabañeros
Un grupo de venados en el Parque Nacional de Cabañeros - efe
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Los ecologistas celebran que se recupere una fecha límite para erradicar la caza de los Parques Nacionales

La nueva redacción de la enmienda 278 marca un plazo de seis años para que las Administraciones cierren todos los acuerdos voluntarios o las expropiaciones forzosas

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Según la ley de 2007 de los Parques Nacionales, en 2017 el Estado debería haber rescatado para estos espacios naturales todos los derechos que permitían a propietarios privados, ayuntamientos o montes de vecinos seguir practicando actividades tradicionales (caza, pesca y gestión forestal) pero incompatibles con la máxima protección medioambiental que buscaba la ley. Con la modificación de la enmienda 278 planteada por el PP este pasado martes en el Senado en la Comisión de Medioambiente, esa fecha se podrá posponer hasta 2020.

La filosofía del PP en el tema del rescate de derechos de terceros para los Parques Nacionales por parte del Estado ha sido la de evitar en lo posible las expropiaciones forzosas. Y así lo manifestaba a ABC la pasada semana el portavoz popular en la Comisión de Medioambiente, Vicente Aparici, cuando su grupo decidía aplazar la presentación de la polémica enmienda para redactar un nuevo texto que no levantase la férrea opocisión del resto de los grupos políticos del Senado y también de los ecologistas, que denunciaron el primero por considerar que eliminaba de hecho la fecha límite de extinción de actividades como la caza en los Parques Nacionales.

Tal y como sugirió Aparaci a este diario, finalmente, lo que se ha presentado este pasado martes en la Comisión es una enmienda en la que se marca «un plazo máximo de seis años» para erradicar de los Parques Nacionales esas actividades incompatibles con los Parques Nacionales. En caso de no conseguirse los acuerdos voluntarios, las Administraciones públicas, dice el nuevo texto, «aplicarán los procedimientos de expropiación forzosa o rescate de los correspondientes derechos». Desde el grupo popular, en la Comisión de Medioambiente, la senadora popular CarmenLeyte Coello defendía que «lo que se ha hecho a través de esta enmienda, precisamente por la preocupación de que esto no se extienda sine díe, es marcar un plazo razonable de 6 años dada la situación de crisis económica actual, ya que el desembolso económico de indemnización sería enorme e inasumible en los momentos actuales».

Para SEO/BirdLife, el nuevo texto de la enmienda es «claramente mejor que el anterior», pero no aborda definitivamente el problema de la máxima protección medioambiental para los Parques Nacionales. Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO explica a ABC que «la proximidad del centenario de la creación de los Parques Nacionales obliga a abordar con firmeza esa cuestión. Ha llegado el momento de poner sobre la mesa un plan financiero en el que se vea claramente cuáles son los derechos patrimoniales a indemnizar y marcarse una hoja de ruta, sean seis, siete u ocho años». Para Ruiz, el objetivo debe ser «erradicar definitivamente esos usos incompatibles con la protección de los Parques Nacionales, que son la joya de la corona y nuestra mejor Marca España, como demuestran los 10 millones de visitantes que reciben anualmente». Para ello, SEO defiende «que se indemnice correctamente a los propietarios de los derechos que correspondan, que se les reconozca la labor de conservación que en muchos casos han realizado en sus fincas y que se cierre definitivamente este problema pendiente. Se lo debemos a las generaciones futuras».

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