El Ayuntamiento de Sevilla, condenado a pagar 5,4 millones por una obra de Monteseirín

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado una sentencia de fecha 23 de febrero de 2015 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que se condena al Ayuntamiento de Sevilla al abono de 5.4 millones de euros en cumplimiento de las «obligaciones» asumidas en el convenio firmado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), para la realización de obras dentro del Plan de Restauración Hidrológico-Forestal y de Protección de Cauces del término municipal hispalense.

En su sentencia, emitida el 17 de mayo de 2016, el Supremo trata un recurso de casación del Ayuntamiento hispalense, contra la resolución previa de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, que a instancias de la CHG y ante la «inejecución de la Gerencia Municipal de Urbanismo de las obligaciones derivadas de un convenio de colaboración» suscrito para la realización de obras dentro del Plan de Restauración Hidrológico-Forestal y de Protección de Cauces en el municipio de Sevilla, condenaba a la administración local hispalense al pago de la cantidad pendiente a 6 de marzo de 2013», es decir 5.405.039 euros, más los intereses y las costas procesales.

Frente al recurso de casación del Ayuntamiento hispalense, el Supremo expone que en 2003, la Gerencia de Urbanismo de Sevilla y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir firmaron un convenio «para la realización de obras comprendidas dentro del Plan de Restauración Hidrológico-Forestal y de Protección de Cauces en el Municipio de Sevilla», estipulando el documento que «la Gerencia de Urbanismo se compromete, por su parte, a financiar por un importe del 25%, cada una de las actuaciones necesarias para la realización de los trabajos», es decir «consultorías y asistencias para la redacción de los proyectos, dirección de obras, divulgación y realización de las obras y expropiaciones, incluyendo posibles proyectos de modificados, complementarios o liquidaciones de obras».

Al respecto, las acciones judiciales emprendidas por la CHG sostenían que «las actuaciones cuyo importe se reclama han sido llevadas a cabo y su importe íntegramente abonado» por la mencionada institución estatal de gestión de la cuenca del río Guadalquivir.

«Al estipular el convenio que la aportación de la Gerencia de Urbanismo deberá efectuarse antes de los 30 días naturales a la fecha de inicio de la licitación de las obras, siendo aquélla un requisito ineludible para ésta, no puede objetarse que el organismo de cuenca espere a licitar los contratos y a abonar a los contratistas las certificaciones de los correspondientes contratos para reclamar a la Gerencia y que el pago tenga que estar supeditado a comprobaciones técnicas y fiscalización», señala el Supremo, según el cual «no consta, como pretende (el Ayuntamiento) para oponerse al pago, que pueda intervenir ni en las contrataciones ni en las expropiaciones de los terrenos necesarios para su ejecución».

El Supremo, además, zanja respecto al recurso de casación del Ayuntamiento que «no basta en un recurso de casación con lanzar al tribunal un conjunto corto o amplio de sentencias sin proceder a analizar cómo ha sido quebrantada la doctrina en ellas sentada respecto al concreto supuesto impugnado», rechazando las pretensiones del Consistorio y confirmando la sentencia previa del Alto tribunal andaluz.

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha afirmado que se acatará la sentencia en la que se condena al Ayuntamiento hispalense a abonar 5,4 millones de euros a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), por las «obligaciones» asumidas en un convenio, una situación ante la que el primer edil lamenta que a su gobierno le continúen «cayendo sentencias de gobiernos anteriores». «Habrá que ejecutar la sentencia, otra más», lamenta, tras incidir en el hecho de que al actual gobierno «parece que le van cayendo sentencias de gobiernos anteriores». Así, achaca esta situación a la «tendencia de pelear hasta el último recurso» que asegura que ha existido para evitar costes a la Administración.

Sin embargo, recuerda que es necesario valorar las cuasas detenidamente ya que «hay veces que jurídicamente se sabe que se va a perder y encima después hay que pagar las costas». En este marco, explica que este asunto proviene de 2003, cuando el Estado recibía unos fondos europeos para su gestión, mientras que otra Administración tenía que poner el otro 25%. Incide en que esta situación «no sólo ha ocurrido en este ayuntamiento».