Sánchez Gordillo deja pasar el plazo legal para comprar las fincas de Marinaleda

Nuevo órdago de Juan Manuel Sánchez Gordillo a la Junta de Andalucía. Las ocho cooperativas de Marinaleda no han formalizado la compra de las 1.200 hectáreas públicas que ocupan antes de la fecha estipulada para esta operación: el 31 de diciembre de 2016. A partir de esta noche, las citadas cooperativas están, según la Junta de Andalucía, «fuera de ley». El Gobierno andaluz tendrá que enfrentarse en 2017 a esta patata caliente, ya que si acepta venderle las tierras fuera de plazo podría interpretarse como un trato de favor para lograr la paz social y, si no lo hace, las cooperativas podrían ponerse en pie de guerra.

La Consejería de Agricultura ha puesto todos los medios para facilitar a las ocho cooperativas de Marinaleda la compra del suelo que ocupan en régimen de concesión desde 1992.

Hace quince días les advirtió de que el plazo legal para comprar ese suelo acabaría el 31 de diciembre de 2016, por lo que instó al alcalde de la localidad, Juan Manuel Sánchez Gordillo, a presentar los papeles necesarios para formalizar la adquisición del terreno. Todos los esfuerzos de la Junta han sido en vano. Las cooperativas, presidida por Juan Antonio Prieto, han hecho caso omiso a su ultimátum. Al día de hoy no han presentado un solo papel para comprar las fincas «Los Moledores», «Hierbabuena», «El Ciervo», «Camilo Cienfuegos», «Los jornaleros», «Los compañeros», «Domingos rojos» y «Tierra, trabajo y libertad».

El líder jornalero y destacado antisistema Juan Manuel Sánchez Gordillo ha declarado a ABC que no han presentado los papeles «porque esa fecha del 31 de diciembre de 2016 no es algo tajante», restando así importancia al plazo legal para la compra de las tierras. «¿Qué nos puede pasar si no compramos antes de esa fecha?», se pregunta el alcalde de Marinaleda. La respuesta ya se la dio la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, cuando se reunió con él a mediados de diciembre. «Las cooperativas de Marinaleda quedarán fuera de la Ley si no compran en plazo», advirtió Ortiz, quien tiene en sus manos la posibilidad de dar por concluida la concesión y ordenar la expulsión de las mismas.

Otra de las consecuencias de estar «fuera de la Ley» es que no podrán pedir las ayudas de la PAC a la Unión Europea, cuestión que no es baladí, ya que desde el año 2000 han recibido 10,2 millones de euros, a razón de 625.000 euros cada año. A pesar de las ayudas ingresadas de la PAC y de que recibieron las tierras con riego preparadas para ser cultivadas, las cooperativas de Marinaleda no han abonado desde 1992 el canon anual que acordó con la Junta por el uso del suelo: exactamente 5,7 millones de euros.

En el día de ayer, un representante de las cooperativas se presentó en la Consejería de Agricultura manifestando que están dispuestas a comprar pero sin presentar ni firmar un solo papel. Además, Sánchez Gordillo ya expresó su negativa a comprar las tierras, proponiendo a la Junta que las regalara a una fundación constituida por parados del Sindicato Andaluz de Trabajadores (antiguo SOC), jornaleros y pensionistas. De esta forma, Sánchez Gordillo estaría intentando que las tierras terminen siendo nuevamente privatizadas al ser repartidas entre los más de cien cooperativistas de Marinaleda. El alcalde de Marinaleda asegura que esa fundación ya está creada y registrada en la Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz ha explicado a Sánchez Gordillo que no es posible vender esas tierras a una fundación, ya que la Ley de Ordenación del Sector Público de 2011 otorga ese derecho a los actuales concesionarios de la tierra, no a personas ajenas. De hecho, cuatro cooperativas de Écija en las mismas circunstancias han comprado las tierras en tiempo y forma.

En base a lo que han pagado esas cooperativas astigitanas (10.400 euros por hectárea), las ocho de Marinaleda tendrían que abonar 12,5 millones, a lo que habría que sumar otros 5,7 millones de euros de cánones impagados, lo que haría un total de 18,2 millones de euros. El alcalde de Marinaleda por IU esgrime que esos cánones de explotación han prescrito y que no los pagaron porque la Junta no les giró los recibos. Asimismo, asegura que en caso de que sean expulsados de la tierra la Junta tendría que abonarles más de 12 millones por inversiones hechas en esas tierras.