Juzgados

La justicia en Cádiz tiene que seguir esperando

El desalojo de los juzgados de San José sigue provocando la parálisis de algunas sedes, con juicios suspendidos y trámites sin poder todavía realizarse

Los operadores jurídicos lamentan la situación y denuncian que están «desprotegidos, hartos y mareados»

La salida de San José y la mudanza se realizó el pasado mes de noviembre. Nacho frade

M. Almagro

«¿Dónde vamos?». Esa es la pregunta que a diario siguen haciéndose todos los profesionales de la justicia en Cádiz cada vez que tienen que realizar cualquier trámite o ir a cualquier vista que antes se efectuaba o se celebraba en el edificio de San José, la sede judicial que fue desalojada de forma inminente a mediados de noviembre una vez que la Inspección lo ordenó por la seguridad de sus trabajadores y de los usuarios. El edificio, ya antiguo y castigado desde hace años, sufría de filtraciones, humedades y también de la presencia de cucarachas y ratas.

Desde entonces, la Junta de Andalucía dio un plazo hasta principios de este mes para ir ubicando todas las sedes y las dependencias que allí se encontraban. Plazo que va extinguiéndose y que, de momento, y según los profesionales consultados, no ha servido para solucionar este problema y poner en correcto y pleno funcionamiento todas las labores que se desarrollaban en los Balbos: celebración de juicios, declaraciones, señalamientos, repartos, entre muchas otras.

Así lo denuncia el decano del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, José Blas Fernández, quien lamenta que la situación sigue siendo «un desastre». «Es todo caótico», afirma. El traslado de los cuatros juzgados de instrucción o el decanato al Estadio no ha valido para el normal funcionamiento con los retrasos y el colapso que ello conlleva.

Según las fuentes consultadas se siguen produciendo suspensiones debido a, entre otras cosas, no se cuentan con los medios ni con las garantías de confidencialidad para poder celebrar. «Los de instancia no tienen ni forma ni documentación.. no puede ser», insisten. «Y por mucho que digan el teletrabajo en la justicia es muy difícil, a un investigado no se le puede tomar declaración en casa o tampoco puedes llevarte ni enviar documentación confidencial desde cualquier sitio. Hay que preservar la protección de datos», explican.

Para Blas Fernández la solución debería de haber sido y ser «urgente». «Estamos hablando de justicia, de un derecho básico y se están dando casos de órdenes de puesta en libertad de personas o de alejamientos que no se pueden instruir, investigaciones policiales paradas... no se le da la importancia que tiene».

Y en este sentido y como denuncian los profesionales, jueces, abogados, procuradores, graduados, funcionarios... ciudadanos... «se sienten desprotegidos, desatendidos, cansados ya. Mareados. Nadie se cree ya nada porque hablan de dar soluciones pero todo es una precariedad».

En este sentido, desde el Colegio de Graduados Sociales creen que sería necesario que todas las administraciones competentes se implicaran. «No se responsabiliza ninguna. Como son varias las afectadas, se echan la pelota de una a otra». «Parece que nadie se entera de cómo estamos y es muy grave lo que está ocurriendo».

Regreso a San José, «en las próximas semanas»

Desde la Junta de Andalucía, administración responsable de la infraestructura, aseguran que «se continúa con el traslado del resto de juzgados para que puedan continuar con su actividad judicial». Y además, por otro lado, siguen con el plan de obras en el edificio San José, que, como aseguran, «estará listo para el retorno en las próximas semanas». Y añaden: «Se ha realizado un gran esfuerzo para en muy breve espacio de tiempo se haya producido el traslado de los juzgados al Carranza y se va a solucionar los problemas que durante décadas viene arrastrando el edificio San José».

Sin embargo, para los operadores jurídicos este hecho, el sobrevenido traslado urgente y la falta de espacios no ha hecho más que evidenciar la necesidad de una Ciudad de la Justicia para Cádiz, una demanda que comienza a ser ya histórica, que se supone que está sobre la mesa, pero que, si llega o no todavía está por ver. Hasta entonces todos estos profesionales piden sedes dignas para poder trabajar y dar su servicio de justicia a la sociedad.

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