La Policía detiene a dos empresarios de Navarra por orden de Grande-Marlaska

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido hoy a dos empresarios de Navarra por orden del juez Fernando Grande-Marlaska, en el marco de la investigación derivada de la desarticulación de una trama de extorsión de ETA, según han informado a la agencia Vasco Press fuentes relacionadas con la investigación.

Por el momento se desconoce la identidad de los dos detenidos y los motivos que han dado lugar a la orden del juez, aunque otras fuentes han apuntado que los arrestos podrían estar relacionados con el hallazgo en el domicilio de Bayona de José Luis Cau, uno de los presuntos implicados en la trama de extorsión, de dos documentos tipo recibo de pago, en los que la banda reconocía haber percibido determinadas cantidades de dinero de dos empresarios a los que agradecía el pago. En esos dos documentos mencionados figuraban los nombres de las dos personas que, supuestamente, habrían pagado a la organización terrorista.

El precedente de Garzón

En el caso de que se adoptaran medidas judiciales contra estos dos empresarios serían las primeras que se aplican desde que hace dos años el juez Baltasar Garzón puso en libertad bajo fianza a cuatro directivos de la empresa navarra Azkoyen por el pago a ETA de cantidades que sumaron un total de 222.374 euros. El juez Garzón, en abril de 2004, puso en libertad bajo sendas fianzas de 20.000 euros a cuatro directivos de Azkoyen por autorizar el pago del dinero requerido por ETA. Los cuatro reconocieron que habían dado el visto bueno a que se pagara a la banda terrorista y alegaron que lo hicieron "por miedo".

El magistrado señaló en la resolución emitida que "el consejo de administración de Azkoyen Comercial S.A., hoy C.H.C. Hispano Lusa S.A., decidió acceder al pago que la organización terrorista exigía, conducta manifiestamente ilegal, en el sentido de que se refería a la distracción de fondos de la sociedad para un fin ilícito, conociendo que la partida iba a ser registrada contablemente como un +gasto+, con lo cual quedaba oculta la verdadera finalidad y ordenando la entrega de los 37 millones (de pesetas), en noviembre de 2001, siendo plenamente consciente del destino de los mismos". La primera partida de doce millones de pesetas fue entregada a la banda en 1995. El último dinero, hasta completar los 37 millones, se entregó en 2001. En el sumario, además, fue procesado un profesor de la UPV de San Sebastián que actuó como mediador entre la empresa y la organización terrorista.

Prisión para otro de los detenidos el martes

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha comenzado esta tarde a tomar declaración a José Carmelo Luquín Vergara, el segundo de los cinco detenidos en España en la operación contra el aparato de extorsión de ETA del martes, y ha decidido aplazar hasta mañana sábado las tres comparecencias restantes. Grande-Marlaska ordenó ya de noche el ingreso en prisión de Luquín, a quien imputa un delito de integración o colaboración con organización terrorista y para el que ha decretado incomunicación, que será levantada mañana al término del resto de las declaraciones. Según informaron fuentes jurídicas, el interrogatorio de Luquín, arrestado en la localidad alicantina de Santa Pola, comenzó a las 19:20 horas, a pesar de que estaba fijado para las 17:30 horas, debido a que la abogada de oficio que había sido designada para asistirle llegó tarde a la sede del tribunal.

El juez ya ordenó anoche, a instancias de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional incomunicada, acusado de un delito de integración o colaboración con ETA, de Jean Pierre Harocarena Camio, el primero de los detenidos en comparecer en la Audiencia Nacional. Los otros tres arrestados en España en la operación -otras siete personas, entre ellas el fundador de ETA Julen Madariaga, fueron detenidos en Francia- prestarán declaración ante el magistrado mañana sábado. Se trata de Ramón Sagarzazu e Ignacio Aristizabal, detenidos en la localidad guipuzcoana de Oiartzun, y de Joseba Imanol Elosua, apresado como Luquín en Santa Pola. Estas cuatro personas, además de otra que declaró ayer ante el juez y de los siete detenidos en Francia -entre los que se encuentra uno de los fundadores de ETA y actual miembro de Aralar, Julen Madariaga, y el presunto jefe del aparato desarticulado, Ángel Iturbe-, integraban este aparato que supuestamente operaba en España y en el país vecino desde hace 20 años. Su cometido era la gestión y recaudación del llamado impuesto revolucionario exigido a empresarios e industriales españoles en el País Vasco y Navarra.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha solicitado al juez Grande-Marlaska personarse como acusación popular en esta causa, sobre la que aún no se ha levantado el secreto de sumario. En la operación, que se encuentra bajo secreto de sumario, se ha procedido al embargo de bienes patrimoniales con un valor estimado superior a los 700.000 euros, entre ellos un establecimiento de hostelería regentado por Joseba Imanol Elosúa Urbieta, así como otros inmuebles supuestamente adquiridos con el dinero obtenido a través del impuesto revolucionario.

Declaran varios agentes por la presunta filtración a ETA

Grande-Marlaska ha tomado ya declaración a varios de los policías que estaban al tanto de la operación contra el aparato de extorsión de ETA del pasado martes, para determinar si se produjo alguna filtración a la banda o al entorno de la misma. Así lo aseguraron hoy fuentes judiciales, que añadieron que los agentes comparecieron ante el magistrado en calidad de testigos. El fiscal del caso, Juan Antonio García Jabaloy, señaló por su parte que él no había asistido a las declaraciones de los policías, por lo que manifestó que éstas debieron producirse antes del pasado día 16, fecha en la que él se hizo cargo de los asuntos que se tramitan en el Juzgado de Grande-Marlaska.

Según informaron ayer fuentes de la Fiscalía, el objetivo de la investigación secreta abierta por el juez en torno a este asunto es comprobar si se produjo alguna filtración sobre la inminencia de la operación y, en caso afirmativo, determinar quién fue el responsable de la misma.